El Congreso Nacional aprobó de manera definitiva la Ley de Ferias Libres, iniciativa que quedó lista para su promulgación y que marca un hito histórico para uno de los sectores productivos y sociales más relevantes del país y de la Región del Maule. La normativa busca reconocer, ordenar y fortalecer el funcionamiento de las ferias libres, consolidándolas como un pilar clave de la alimentación saludable, la economía local y el abastecimiento de las familias.
En el Maule, donde existen decenas de ferias libres distribuidas en comunas urbanas y rurales, este avance legislativo cobra especial relevancia. Las ferias no solo cumplen un rol esencial en la comercialización de alimentos frescos, sino que también representan una fuente de trabajo para miles de familias, dinamizando economías barriales y fortaleciendo la identidad local.
Al respecto, el delegado Presidencial Regional, Humberto Aqueveque, dijo que “estamos muy contentos de la aprobación de la Ley de Ferias Libres, un proyecto que tiene su origen en el año 2024 en la administración del presidente Gabriel Boric, pero que sabemos ha sido una ardua lucha de más de 20 años de dirigentes y dirigentes de ferias libres. Lo digo con conocimiento porque mi padre fue dirigente de las ferias libres de Cauquenes y hoy vemos como un gobierno pone sus ojos en regular los procesos acompañando a las familias de estos comerciantes”.
Por su parte, la seremi de Economía del Maule, Javiera Vivanco, valoró la aprobación de la ley, destacando su origen participativo y el compromiso del Ejecutivo con el sector.
“Esta ley viene a saldar una deuda importante con las miles de trabajadoras y trabajadores de las ferias libres, y también para las familias que dependen de este hermoso sector productivo. Como gobierno la impulsamos el año 2024 y vemos que se materializa hoy día un esfuerzo en conjunto, que tiene su origen en las asociaciones. Nosotros siempre estuvimos comprometidos para que esta ley fuera por y para las ferias libres de nuestro país”, señaló.
El proyecto, impulsado por el actual gobierno, fue despachado por la Cámara de Diputadas y Diputados y establece un marco normativo común a nivel nacional. En él se define a las ferias libres como agrupaciones de comerciantes minoristas y trabajadores independientes que comercializan principalmente productos de origen vegetal y animal, reconociendo formalmente su rol en el desarrollo local.
Entre sus principales avances, la ley fija criterios generales para las ordenanzas municipales, permitiendo ordenar la entrega de permisos, establecer su duración y definir los rubros autorizados en cada feria. Asimismo, se establecen estándares mínimos en materia de infraestructura, gestión ambiental y manejo de residuos, promoviendo ferias más limpias, ordenadas y sustentables.
En el ámbito de la seguridad, la futura normativa contempla un trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad Pública, los gobiernos regionales, los municipios y las policías, con el objetivo de prevenir delitos y mejorar las condiciones de seguridad en los entornos donde operan las ferias. En este sentido, se establece que la condena por delitos graves, como el tráfico ilícito de drogas, será causal de revocación o no renovación de permisos.
La ley también regula la forma de representación de las ferias libres, las que deberán contar con una asamblea general, un comité de representación y una comisión electoral. Además, en cada comuna donde existan ferias se creará un Consejo Participativo Comunal de Ferias Libres, como espacio permanente de diálogo entre los municipios y los representantes del sector.
A nivel nacional, la normativa dispone la creación de un Registro Nacional de Ferias Libres, el que estará a cargo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, permitiendo contar con información actualizada y apoyar el diseño de políticas públicas focalizadas.
La ley establece lineamientos claros para el funcionamiento de las ferias libres, entre los que destacan:
Otorgamiento de permisos: los municipios deberán emplazar las ferias en lugares adecuados, procurando minimizar el impacto en los barrios y vecinos.
Distancia mínima: toda nueva feria deberá instalarse a una distancia mínima de 1.200 metros respecto de otras ferias en funcionamiento.
Gestión ambiental: se refuerza la coordinación entre municipios y ferias para prevenir el desperdicio de alimentos, reducir residuos y fomentar el reciclaje.
Seguridad: se incorporan causales claras para la revocación o no renovación de permisos en casos de delitos graves.
Con esta ley, el país y la Región del Maule avanzan hacia un reconocimiento integral de las ferias libres, fortaleciendo su rol social, económico y cultural, y entregando certezas tanto a quienes trabajan en ellas como a las comunidades que dependen de su abastecimiento diario.
