Este 11 de julio 2025 se promulgó en el Diario Oficial una petición que tanto actores públicos, privados y la academia esperaban -y solicitaban- en materia de innovación: la extensión de la Ley 20.241 de Incentivo Tributario a la Investigación y Desarrollo, más conocida como Ley I+D, cuya vigencia terminaba en diciembre de este año. La nueva fecha: diciembre 2035.
“Para las empresas invertir en proyectos de investigación y desarrollo son decisiones estratégicas y de largo plazo, no son de un año para otro. Por lo tanto, esta extensión a la Ley I+D da una señal para aquellas empresas que quieren seguir desarrollando este tipo de inversiones o las nuevas que se quieran involucrar, que existirá horizonte suficientemente para tomar estas decisiones relevantes”, afirmó el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente.
La autoridad de Corfo añadió que esta extensión confirma que la inversión en I+D es un tema importante para esta administración en el impulso de una agenda de sofisticación productiva, desarrollo de nuevos productos y particularmente, nuevos sectores. “Con esto nos ponemos al día respecto a lo que otros países hacen para incentivar en este tipo de actividades. Las últimas estadísticas que tenemos muestran que en Chile aumentó el Gasto en I+D, tanto a nivel público como privado, y en términos absolutos y relativos, demostrando que este tipo de incentivos es el sendero adecuado”, sostuvo Benavente.
En Chile, la Ley I+D tiene por objetivo estimular la inversión privada en actividades de investigación y desarrollo mediante beneficios tributarios. Para ello, establece un incentivo tributario que permite a las empresas chilenas deducir un 35% de sus gastos en I+D directamente del impuesto de primera categoría, mientras que el 65% restante de dichos gastos puede rebajarse como gasto necesario para producir la renta.
En la práctica, esta Ley implica un beneficio tributario acumulado de hasta el 52,55% del monto invertido en I+D, siempre y cuando los proyectos estén certificados por Corfo, requisito obligatorio para que los contribuyentes puedan reportar los montos correspondientes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para hacer efectivo el incentivo.
“La extensión de la Ley I+D es una clara señal de que el Estado mantiene su convicción de potenciar la inversión de las empresas en nuevo conocimiento. Con esta renovación queremos reafirmar el compromiso de Corfo de acompañarlas en su acercamiento a la I+D, derribando mitos, mostrando caminos y casos concretos de impacto, porque este desafío debe asumirse en conjunto: de las casi 3.000 empresas que hacen I+D en Chile, solo el 8,5% utiliza el beneficio, y si todas lo hubiesen hecho, reinvirtiendo los US$250 millones de rebaja tributaria que dejaron de percibir, la inversión en I+D habría llegado al 0,48% del PIB”, sostuvo Jocelyn Olivari, gerenta de Innovación de Corfo.
Esta extensión de 10 años para su vigencia va de la mano también con las mejoras lideradas por Corfo en los últimos años. Aquí destacan el fortalecimiento del equipo especializado en la Ley I+D, la simplificación de los procesos de postulación y certificación, junto con desarrollar estrategias de orientación técnica para que más empresas conozcan, entiendan y usen este beneficio tributario.
La Ley I+D en Cifras
En total, entre 2012 y 2024, la Ley I+D registra 1.313 proyectos de 731 empresas chilenas por un monto que supera los $980.000 millones certificados. En 2024, se sumaron 88 proyectos, correspondientes a 65 empresas distintas, lo que representó un aumento de 14% en el número de certificaciones y del 10% en cantidad de empresas certificadas, en comparación a 2023.
En tanto, los sectores económicos que lideran la certificación de proyectos, a nivel histórico destacan “Comercio y Retail”; “Alimentos” (excepto Vitivinícola); y “Química, Caucho y Plásticos (excepto industria farmacéutica)”. No obstante, durante 2024, quienes lideraron fueron “Pesca y Acuicultura”, “Minería y metalurgia extractiva” y “Agrícola (excepto vitivinícola).
En su reporte 2024, la Ley I+D registró dos hitos. En primer lugar, el alza de 119% respecto a los montos certificados por las empresas de menor tamaño, lo que significó que las Mipymes representaron el 10% del total certificado ese año (en 2023 era solo 1%). Y segundo, un avance en descentralización: el 62% de los montos certificados en 2024 fueron de regiones distintas a la Metropolitana, liderando Los Lagos y Valparaíso, con el 28,4% y 14,6% de los montos, respectivamente.
