La muerte del agricultor Orwal Casanova y del inspector de la PDI Alberto Morales, ocurridas el día 7 de enero de 2021, confirma la profundización y normalización de la violencia que se vive en La Araucanía y en la Macrozona Sur (sur del Bío Bío hasta el norte de Los Ríos), situación que en la actualidad está incontrolada por parte del Gobierno –y del Estado en general–, que no ha tenido nunca una agenda integral para enfrentar una problemática multidimensional y que, desde que asumió, solo ha generado hechos mediáticos más que respuestas concretas, lo que directamente ha desembocado en la situación actual.
Cuando iba a asumir el Presidente, Sebastián Piñera, señaló: “No cabe la menor duda de que el Estado de Derecho en La Araucanía se ha ido debilitando”. Posteriormente, días antes de asumir, su designado intendente en La Araucanía, Luis Mayol, afirmaba con seguridad e interpelando al Gobierno saliente: “La postura del Presidente: restablecer el imperio del Estado de Derecho y permitir que en esa región la ciudadanía pueda vivir en paz”.
Desde que se emitieran estas declaraciones rimbombantes en La Araucanía y en la Macrozona Sur, han muerto 8 personas, vinculadas directamente a hechos de violencia y delincuencia rural: Camilo Catrillanca, ultimado el 16 de octubre de 2018 por un disparo en la cabeza efectuado por funcionarios de Carabineros; el comerciante Jorge Maulén, que recibió un tiro de escopeta en el camino entre Cañete y Tirúa en diciembre de 2018 y que murió en mayo de 2019 a causa de las heridas de aquel ataque; Juan Barrios, quien resultó con el 30% de su cuerpo quemado tras un ataque incendiario al camión que conducía a las afueras de la ciudad de Victoria por un grupo de delincuentes encapuchados y que luego, como consecuencia de las graves lesiones, falleció el 4 de marzo de 2020.
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La respuesta del Gobierno a esta compleja situación ha sido pura pirotecnia. Nada queda, porque nada hubo, del anunciado Plan Impulso que el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se encargó de propagandear en Santiago, dado que en La Araucanía de este plan se conoce poco y nada. La región sigue exponiendo cifras alarmantes de pobreza, donde 22,3% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional y, según el PNUD, es la región que presenta el más bajo Índice de Desarrollo Humano del país, con 0,692.
Además, Moisés Orellana, joven de 21 años que el 8 de septiembre de 2020 es asesinado por encapuchados en Cañete, quienes le dispararon sin contemplación; Pedro Cabrera, conductor de un furgón que trasladaba a trabajadores de la construcción de un parque eólico en Malleco, quien muere el 02 de octubre de 2020 al ser asaltado por 8 encapuchados, uno de los cuales le dispara en el rostro con un fusil, encontrándose munición de guerra en el lugar; Eugenio Nain Caniumil –cabo segundo de carabineros de 24 años–, ultimado mientras despejaba una barricada en el sector de Metrenco, muy cerca de Temuco, siendo alcanzado por municiones de guerra.
A estos lamentables decesos se suman Orwal Casanova y Alberto Morales. Estas cifras de muerte solo son comparables con el primer Gobierno de Sebastián Piñera, donde perdieron la vida 11 personas en el mismo contexto, entre ellas, el matrimonio de agricultores Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.
A lo anterior se agrega el aumento explosivo de atentados contra la propiedad privada, quema de camiones, casas, faenas forestales, maquinarias agrícolas, entre otras. Según información de la Asociación de Contratistas Forestales, el año 2018 (cuando asumió el actual Gobierno) hubo 38 atentados en la Macrozona Sur, versus los 14 que hubo en 2017. El año 2019 nuevamente hubo 39 atentados en contra de camiones, maquinarias y faenas de contratistas forestales, sin embargo, el 2020 los ataques se duplicaron, llegando a 80, lo que en términos concretos se traduce en 303 equipos forestales siniestrados, lo que le ha significado una merma de más de 30 mil millones de pesos y que ha afectado, fundamentalmente, a pequeños y medianos contratistas forestales.
Otro contraste nos muestra que el año 2017 hubo 12 comunas donde se produjeron este tipo de atentados, mientras que en 2020 estos se perpetran en 31 comunas.
Claramente, la promesa de restablecer el Estado de Derecho no solo no se ha cumplido, sino que además la situación es de tal gravedad que, de no mediar acciones concretas y de alto alcance, no solo podría empeorar la situación, sino que estaríamos frente a una dimensión superior de este tipo de violencia y delincuencia. Me refiero a la instalación de bombas en lugares públicos o al rapto y al asesinato por encargo. Lo anterior se puede dar, debido a que el comportamiento de los grupos delictivos, como los que hoy operan en La Araucanía, van en aquel sentido de modus operandi (casos similares en América Latina han tenido ese comportamiento).
En La Araucanía primero se daba el robo de animales, luego se pasó al robo de madera, después a la extorsión en las cosechas forestales y agrícolas –vale decir, los grupos delictivos rurales cobran “peaje” a las faenas forestales y agrícolas, lo que es un secreto a voces en La Araucanía, donde generalmente el productor coopera para no tener problemas con los antisociales– y, luego, vino el robo de vehículos públicos y privados, para escalar después a la dimensión de la producción y tráfico de narcóticos. A las 1.277 plantas de marihuana, los 40 kilos de marihuana procesada encontrados en la diligencia del 07 de enero, se pueden sumar muchas otras que han tenido similares características.
Si a ello se adicionan las 11 personas detenidas, entre ellas el activista y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Emilio Berkhoff, con 824 kilos de pasta base, se observa que el narcotráfico es una constante en los grupos que ejercen la violencia y delincuencia rural y que, por tanto, en la escala de violencia están dentro de los niveles más peligrosos.
La respuesta del Gobierno a esta compleja situación ha sido pura pirotecnia. Nada queda, porque nada hubo, del anunciado Plan Impulso que el entonces ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, se encargó de propagandear en Santiago, dado que en La Araucanía de este plan se conoce poco y nada. La región sigue exponiendo cifras alarmantes de pobreza, donde 22,3% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza multidimensional y, según el PNUD, es la región que presenta el más bajo Índice de Desarrollo Humano del país, con 0,692.
Mudos quedaron los anuncios de la Ley Antiterrorista y del “Comando Jungla”, vociferados con bombos y platillos en el comienzo del Gobierno. Luego no pasó nada con la reunión que sostuvimos los exintendentes en forma posterior a la muerte del carabinero Nain. Se nombra a Cristian Barra como delegado en materia de seguridad para la Macrozona Sur, con lo cual se incurre en una ilegalidad, dado que este asesor no puede ejercer potestad en temas que son de exclusiva responsabilidad de los intendentes, por lo cual estos últimos –sobre todo el de La Araucanía, Víctor Manoli– quedan interdictos.
Podría seguir enumerando la cantidad de fallos del Ejecutivo en materia de seguridad, diálogo, productividad y reducción de la pobreza, pero el fracaso está dado por el hecho de que la promesa inicial de restablecer el Estado de Derecho no solo no fue cumplida, sino que hoy además la situación en la región es dramática, a punto de que el delito se mexicanice o colombianice, como lamentablemente ha ocurrido en estos países latinoamericanos.
Estamos al más puro estilo del far west, en donde además existen territorios autónomos en los que el Estado no puede ejercer su soberanía, mientras se va transitando rápidamente a la normalización del delito, del narcotráfico, de la ilegalidad y, peor aún, de asumir el estado de una sociedad criminógena. Más aún, en reiteradas oportunidades las autoridades estatales no respetan ni hacen respetar el Estado de Derecho.
En fin, es fundamental que el Gobierno haga lo que tiene que hacer: gobernar y dejar de ser comentarista de una situación en extremo grave, en lo que se denomina la asimilación de un “Estado fallido o defectuoso”. De lo contrario, como he señalado, la escalada de violencia subirá en magnitud y habrá incluso más víctimas, y esto solo perjudicará la convivencia y el desarrollo integral de La Araucanía, región diversa culturalmente y rica en su ancestralidad.
