transición energética es uno de los principales desafíos globales en la lucha contra el cambio climático. A nivel mundial, los países buscan acelerar la adopción de energías renovables, mejorar la eficiencia energética y fortalecer sus redes eléctricas. En este contexto, Chile se ha posicionado como un referente en la región gracias a sus ambiciosos compromisos climáticos y la implementación de políticas públicas que impulsan la descarbonización de su matriz energética.
El reciente informe Issues Monitor 2025 del World Energy Council (WEC) destaca a Chile como un referente clave en la transición energética global. Este informe, basado en las percepciones de más de 3.000 líderes de la industria energética en más de 100 países, identifica las principales incertidumbres y prioridades del sector a nivel mundial. En América Latina, los principales desafíos incluyen el acceso al capital y el crecimiento de la demanda energética, mientras que las redes de transmisión se posicionan como la mayor prioridad de acción. En particular, el documento resalta la necesidad de modernizar las redes eléctricas en Chile para facilitar la integración de energías renovables y asegurar la estabilidad del sistema.
En este contexto, la Ley de Transición Energética (Ley N° 21.721), publicada en enero en el Diario Oficial, marca un hito al introducir modificaciones sustantivas a la Ley General de Servicios Eléctricos. Francisco Leiva, gerente de proyectos y desarrollos de Negawatt, valoró positivamente la nueva normativa, destacando que “agiliza los proyectos de transmisión de electricidad y aborda de manera directa los problemas de vertimiento solar y energía renovable no inyectada a la red eléctrica”. Asimismo, la ley prioriza proyectos de infraestructura crítica, fortaleciendo la resiliencia del sistema.
Según Leiva, la legislación también abre espacios para la integración de tecnologías digitales y herramientas de analítica avanzada, permitiendo el desarrollo de nuevos servicios y la incorporación de actores emergentes al mercado energético. Además, potencia la figura del prosumidor —usuarios que producen y consumen su propia energía— y fomenta la expansión de soluciones como el almacenamiento distribuido y los programas de gestión de energía.
“El fortalecimiento de la infraestructura eléctrica puede habilitar el uso de vehículos eléctricos como prestadores de servicios complementarios a la red, impulsando una mayor flexibilidad y eficiencia en el sistema”, agregó Leiva.
Desafíos pendientes en el camino energético
A pesar de los avances, persisten desafíos relevantes. Uno de los principales es la necesidad de agilizar los procesos de permisología, manteniendo los estándares medioambientales. “Es fundamental que los procesos de aprobación sean más rápidos y eficientes”, señaló el vocero de Negawatt.
Además, el debate sobre la distribución de los costos de la nueva infraestructura eléctrica es crucial. “Es necesario garantizar una distribución equitativa entre consumidores industriales, mineros y residenciales. También debemos evaluar cómo involucrar al consumidor final para que participe activamente en esta transición energética”, enfatizó Leiva.
Para enfrentar estos desafíos, Leiva subrayó la importancia de fomentar la competencia en el sector, mejorar los procesos administrativos y fortalecer el rol del prosumidor. “Una transición energética efectiva y justa requiere una colaboración activa entre el sector público, privado y los consumidores. Esta ley es un paso significativo, pero el compromiso continuo será clave para alcanzar un sistema energético sostenible y resiliente”.
Con la mirada puesta en los próximos años, Chile continúa consolidándose como un actor relevante en la transición energética global, impulsando soluciones innovadoras y sostenibles para enfrentar los desafíos del futuro energético.
