La pandemia de COVID-19 agudizó los problemas de violencia escolar, así lo indica el estudio “Sin miedo en la escuela”, realizado por académicos de varias universidades del país. La investigación sostuvo que el retorno a las clases presenciales en 2022 trajo consigo un aumento en los incidentes violentos y una exacerbación de los problemas de salud mental entre los estudiantes. Este fenómeno, combinado con una carga de trabajo excesiva para los docentes y falta de recursos, ha puesto a prueba las capacidades de respuesta de las escuelas.
Al respecto, se precisó que el Plan de Reactivación Educativa implementado por el Ministerio de Educación, busca atender estos desafíos a través de un enfoque que integra la salud mental y la convivencia escolar. En particular, el programa “A convivir se aprende” ha permitido el acompañamiento a escuelas en temas de violencia, convivencia y salud mental de la comunidad educativa y la capacitación de los profesionales a cargo de esta temática. Sin embargo, el informe subraya que estas iniciativas necesitan ser respaldadas por evaluaciones constantes y mejor financiamiento para asegurar su sostenibilidad y eficacia a largo plazo.
El trabajo -en el que participaron los académicos Paulina Sánchez (Universidad del Desarrollo), Paula Ascorra (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso), Christian Berger (Pontificia Universidad Católica de Chile) y Jorge Varela (Pontificia Universidad Católica de Chile), evidenció la situación de la violencia escolar en el país. Este estudio forma parte del trabajo del Nodo Latinoamericano de Prevención de la Violencia contra la Niñez en la Escuela del Coalition for Good Schools y se presentó junto con los informes de Argentina, Colombia y Perú, abordando un problema común en la región.
La investigación destacó que Chile ha llevado adelante esfuerzos notables en el desarrollo de políticas contra la violencia escolar. Normativas como la Ley N° 20.536 y la creación del Plan de Gestión de la Convivencia Escolar han sido pasos importantes para abordar el problema. No obstante, la implementación efectiva de estas políticas sigue siendo un desafío. La Superintendencia de Educación (SUPEREDUC) ha jugado un papel clave en la supervisión y en la respuesta a las denuncias, pero se observan limitaciones en la aplicación homogénea de las normativas y en el seguimiento de los casos reportados.
El análisis también subrayó la importancia de que los colegios cuenten con un Comité de Buena Convivencia Escolar y un encargado dedicado a gestionar la convivencia. Estas medidas han ayudado a sentar las bases para un ambiente educativo más seguro, pero el informe señala que las brechas en la formación de los encargados y la falta de recursos en algunas instituciones limitan su eficacia. La desigualdad en el acceso a apoyo especializado y la variabilidad en la calidad de las intervenciones también son puntos críticos a considerar.
Propuestas para un cambio estructural
El documento concluyó con un llamado a la acción que abarca cinco áreas prioritarias. Primero, la necesidad de implementar políticas de manera más coherente y eficaz, asegurando que las leyes sean algo más que un marco teórico. Segundo, se propuso reforzar la prevención y respuesta a nivel escolar, capacitando al personal docente y directivo en estrategias de manejo y prevención de la violencia. La tercera área abordó el cambio de las normas sociales que sostienen la violencia, fomentando una cultura de respeto y diálogo en la comunidad escolar.
La cuarta prioridad es la inversión adecuada de recursos. Sin un financiamiento suficiente, las iniciativas de convivencia y prevención de la violencia corren el riesgo de ser implementadas de manera superficial. Finalmente, el informe enfatizó en la importancia de recopilar y usar datos de manera efectiva para evaluar el impacto de las intervenciones y hacer los ajustes necesarios. La recopilación de evidencia no solo permite monitorear avances, sino que también refuerza la transparencia y la responsabilidad en la gestión de políticas públicas.
«Este informe destacó la necesidad de una colaboración intersectorial en la prevención de la violencia escolar. Invertir en programas de apoyo, salud mental y formación docente no es solo un gasto, es una inversión en el futuro de nuestra sociedad, asegurando que nuestros niños crezcan en ambientes seguros y protectores.» expresó Paula Ascorra, académica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Cabe consignar que «Sin Miedo en la Escuela» no solo diagnosticó los problemas actuales, sino que invita a reflexionar y actuar. Sus propuestas ofrecen una hoja de ruta para transformar las escuelas en espacios donde la seguridad y el respeto sean la norma. La colaboración entre el gobierno, las comunidades educativas y otros actores es vital para superar los desafíos y construir un futuro donde los niños, niñas y adolescentes puedan aprender y desarrollarse plenamente. Este es un llamado urgente a todos los involucrados a unirse en un esfuerzo colectivo para erradicar la violencia escolar de manera definitiva.
