El Presidente Sebastián Piñera firmó este domingo el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
“Este proyecto de ley busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos y asegurar la defensa de las víctimas de la delincuencia”, dijo el Mandatario en un acto en el Palacio de La Moneda en el que estuvo acompañado por los Ministros del Interior, Rodrigo Delgado; de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Monckeberg; y de Justicia, Hernán Larraín, además de la Subsecretaria de la Prevención del Delito, Katherine Martorell, diputados y senadores.
El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ), que unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.
La ley crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que velará por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.
“La defensa de las víctimas, y no solo de los Imputados de cometer delitos, es también un pilar fundamental de un trato justo y equitativo por parte del Estado a todos los ciudadanos”, explicó el Jefe de Estado.
La Defensoría concentrará lo que hoy existe bajo los Centros de Atención Integral de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Junto a lo anterior, el proyecto también crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y será una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.
“De esta forma, el Estado empieza a saldar una deuda histórica que tiene con los ciudadanos, y muy especialmente, con las víctimas de los delitos, contribuyendo así al fortalecimiento de la justicia, la paz, la cohesión social y la sana convivencia entre todos los chilenos”, concluyó el Mandatario.
