El Presidente Gabriel Boric Font aceptó esta noche la renuncia al cargo del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, tras una serie de acusaciones en su contra y allanamientos ordenados por la Fiscalía Oriente de la Región Metropolitana a su oficina y domicilio en el marco del llamado Caso Audios que involucra al abogado Luis Hermosilla.
Un comunicado de la Presidencia confirmó la dimisión y adelantó que de acuerdo a la ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile, el director será subrogado por el oficial general más antiguo. En este caso, el prefecto general Claudio González Hofstetter.
Muñoz Yáñez se había reunido durante la tarde con las autoridades gubernamentales, tras lo cual se señaló que seguía en su cargo, por lo menos hasta su formalización el próximo martes por una serie de delitos.
Sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció este viernes la decisión de interponer una querella criminal contra el director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Sergio Muñoz Yáñez, por diversos hechos constitutivos de delito, contenidos en la investigación penal que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente.
“La decisión del órgano colegiado se funda en los antecedentes de la carpeta investigativa, que dan cuenta inequívoca de infracciones a la Ley 19.913, en relación con el carácter secreto de investigaciones penales sobre malversación y lavado de activos; y por su responsabilidad directa en hechos constitutivos del delito de violación de secretos, previsto en el artículo 246 del Código Penal”, consignó una nota de prensa.
“El CDC participará en la audiencia de formalización en representación del Estado, la que se llevará a cabo el 19 de marzo ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, por tratarse de hechos que revisten la máxima gravedad, cometidos por quien ejerce el más alto cargo de esa institución policial”, concluyó la nota.
Tras ello, el ahora ex director general de la PDI adoptó la decisión de presentar su renuncia para lo cual se dirigió al Palacio de la Moneda donde oficializó su decisión.
Está acusado de violación de secreto. Se le imputa filtrar información reservada de una indagación de lavado de activos que involucraría a su antecesor, Héctor Espinosa.
