El Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad (CONAPRAN), corporación de derecho privado sin fines de lucro, en funcionamiento desde 1974 y que actualmente mantiene doce establecimientos de larga estadía para adultos mayores (ELEAM, más conocidos como “hogares”) en el país acogiendo a un total de 400 personas mayores en estado de vulnerabilidad y dependencia, hace algunas semanas anunció el cierre de todos sus hogares ubicados fuera de la región Metropolitana, fundado en un recorte presupuestario del 69% de los recursos que históricamente han recibido por parte del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
Entre ellos se encuentra el Hogar Carolina Salgado ubicado en la comuna de San Javier, en el cual residen casi 50 adultos mayores.
Según las declaraciones emitidas por la directora nacional de SENAMA, Claudia Asmad, en radio ADN, la justificación de este recorte presupuestario es “equiparar la cancha con todas las otras instituciones sin fines de lucro que se dedican al cuidado de personas mayores en establecimientos de larga estadía”, aduciendo también motivos de “transparencia”.
Antes de opinar al respecto, creo que es necesario tengamos a la vista cuáles eran los montos y condiciones de financiamiento, y cuál es la situación actual respecto a los hogares para adultos mayores en nuestra región y país.
En Chile hay un total de 20 ELEAM fiscales, administrados y financiados por el Estado, en convenio de operación con instituciones públicas o privadas sin fines de lucro.
El total de cupos a nivel país es de apenas 1.188.
La región del Maule cuenta con tres, ubicados en las comunas de Licantén, Cauquenes y Curicó, con 30, 30 y 90 plazas respectivamente.
El presupuesto fiscal para financiarlos es de aproximadamente $784.884 al mes por cada uno de sus residentes, lo que contempla gastos de gastos administración, mantención, recursos para el operador y equipamiento.
En resumen, ¿cuánto gasto implica que una persona mayor resida en un ELEAM en condiciones adecuadas y con todas sus necesidades cubiertas? Al menos, cerca de $800.000.
Dicho lo anterior, analicemos la situación CONAPRAN y las demás instituciones sin fines de lucro que reciben aportes para el cuidado de personas mayores residentes en hogares.
El convenio con CONAPRAN, antes del recorte presupuestario, les significaba un aporte mensual de aproximadamente $388.722, en virtud de convenios anuales que contemplaban estrictas supervisiones por parte de SENAMA, rendiciones periódicas, fijación de criterios de admisión y que permitía realizar ingresos derivados por el Estado (¿cuál es el problema de transparencia entonces?)
A partir de este año, lo redujeron a la paupérrima suma de $124.500 por cada residente, lo que no alcanza a cubrir ni siquiera un 20% de los gastos necesarios para que un adulto mayor viva en condiciones dignas en un ELEAM.
¿Y cómo lo justifica el gobierno? Nivelando la cancha, pero hacia abajo. Argumentan que desde ahora en adelante CONAPRAN debe concursar al Fondo de Subsidio ELEAM, el cual aporta en promedio $150.000 por persona mayor.
Señalan también que ningún residente quedará descuidado y que de ser necesarios todos serán reubicados.
Sin embargo, hay datos que “olvidan” informar: ¿De cuánto son las listas de espera para que estas personas en situación de dependencia y vulnerabilidad puedan ingresar a las residencias del Estado, (que son las únicas en que se puede disponer de los cupos)?
Al menos en la región del Maule, decenas. La situación del país es clara: no hay cupos disponibles en residencias para poder acoger a todos aquellos que viven en los hogares que dejarán de funcionar. Y aquellos que puedan existir en los ELEAM que reciben subsidio del Estado, dependen de la voluntad y disponibilidad de la institución, porque no se les puede obligar a recibirlos.
La virtud del convenio afectado al recorte presupuestario era que CONAPRAN sí debía recibir con prioridad las postulaciones derivadas por SENAMA.
Señala también la directora nacional de dicho servicio que deben haber “nuevos actores que reemplacen la oferta que entregaba ese establecimiento”, ¿qué realidad es la que conoce?
Porque no hay oferta de ELEAM para “elegir”, hay un desastroso déficit: cientos de órdenes de los Juzgados de Familia por causas de maltrato engrosan la triste espera a que fallezca alguien en un hogar para que se libere un cupo, mientras otros quedan hasta por años en los hospitales ocupando camas sociosanitarias porque no tienen dónde vivir después de su alta médica, eso sin contar aquellos que son postulados por sus familias porque no tienen los medios económicos para brindarles los servicios de cuidado especializado que requieren por su condición de dependencia física y/o cognitiva.
Ni siquiera los particulares con fines de lucro pueden sustentar el alto costo que significa mantener uno de estos dispositivos porque ello implicaría cobrar al menos 1 millón de pesos por persona.
¿Cómo se soluciona esto? Claramente la vía no es nivelando la cancha hacia abajo como le gusta hacerlo al gobierno de Gabriel Boric y menos cuando los afectados son personas mayores.
Hablemos de transparencia: ¿Cuántos nuevos cupos disponibles para adultos mayores vulnerables que necesitan institucionalización se van a generar con los 1.270 millones de pesos que les quitaron a los residentes de CONAPRAN?
¿Dónde serán reubicados los residentes del Hogar Carolina Salgado de San Javier? ¿Repartidos por toda la región o todo Chile y en qué condiciones? Todas preguntas cuyas respuestas debió ponderar el gobierno antes de tomar tan irresponsable decisión sólo por darse un mero gusto ideológico.
Patricia Labra
Abogada y ex coordinadora regional de Senama Maule
