El gobierno, a través del ministro Secretario General de la Presidencia (Segpres) Álvaro Elizalde, ha anunciado la urgencia al proyecto de ley que prohíbe las llamadas spam. La noticia fue dada a conocer luego de una reunión que el jefe de la cartera sostuvo con los diputados Gonzalo Winter (CS), Mercedes Bulnes (CS-Ind), Javiera Morales (CS) y Boris Barrera (PC), impulsores de este proyecto.
“Es una iniciativa que nos parece fundamental en la lógica de proteger a los consumidores y evitar todo tipo de abusos”, señaló el ministro Elizalde.
Por su lado Winter, autor del proyecto, valoró la decisión del ejecutivo e puntualizó en la preocupación ciudadana que viene a solucionar esta medida. “Vivimos una situación que es bien compleja, en donde una serie de empresas han importado unos softwares que les permiten llamar a mil personas al mismo tiempo, disponiendo del tiempo que tienen los ciudadanos para uso familiar, laboral, etcétera lo cual ha hecho que muchas personas, nuestro país reciban en su celular diez, 15 o 20 llamadas al día”, explicó.
Frente a la cotidianidad y persistencia de los llamados, correos y SMS no deseados es que un conjunto de diputados, encabezados por el diputado Gonzalo Winter, presentaron un proyecto de ley que regula este -a veces tedioso- mecanismo de los centros de llamados para atraer clientes.
Los aspectos claves que busca modificar esta ley son: los consumidores no recibirán llamadas telefónicas publicitarias de proveedores a menos que hayan expresado su voluntad de recibirlas, los proveedores solo pueden comunicarse telefónicamente con un usuario si tienen su autorización expresa y, finalmente, se busca sancionar económicamente a las empresas que realicen comunicaciones publicitarias sin el consentimiento del usuario.
En concreto, las empresas podrán incurrir en estas prácticas única y exclusivamente si el consumidor así lo decide, expresando explícitamente su voluntad. De incumplir la medida, arriesgan multas de hasta 91 millones de pesos.
Se trata entonces de una alternativa que libera a los usuarios de realizar el trámite en la actual plataforma “No Molestar” del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), en la que deben llenar un formulario online para evitar recibir llamados no deseados.
Adicionalmente, y en caso de ser solicitado por el receptor de la llamada, toda compañía tendrá el deber de informar de dónde obtuvo el número telefónico, esto con el propósito de evitar el tráfico indiscriminado de bases de datos.
Se espera que la iniciativa, que cuenta con el apoyo de los diputados Maite Orsini (RD), Marcela Riquelme (ind-CS), Lorena Fries (CS), Javiera Morales (CS), Mercedes Bulnes (ind-CS), Alejandro Bernales (PL) y Boris Barrera (PC), sea discutida durante los próximos días en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados y Diputadas.
La diputada del distrito 17, Mercedes Bulnes, copatrocinadora del proyecto se refirió a la importancia de esta ley y a la gravedad que suponen las llamadas no deseadas en nuestra vida cotidiana.
“Estoy muy contenta que el ministro secretario general de la presidencia se haya comprometido a apoyarnos, ya que, cuando las empresas usan el teléfono con llamadas spam para ofrecer productos que las personas no desean, constituye una forma de acoso. Necesitamos tener una protección de nuestra vida privada y de nuestra vida personal y agradezco al gobierno que ponga urgencia a este proyecto”, expresó.
