No es algo oculto que las corrientes conservadoras, especialmente las más extremas, plantean como corriente ideológica una reducción drástica del tamaño del Estado.
La génesis de la Constitución de 1980 nace de los seguidores del profesor de la Universidad de Chicago, Milton Friedman, fuerte defensor del libre mercado, quien sostenía que todas las necesidades humanas debían regirse por el mercado para lograr soluciones a todo tipo de problemas tales como la educación, atención sanitaria o seguridad social, entre otras.
Tal concepción filosófica plantea un Estado reducido, entregándole a los particulares y al manejo del mercado alcanzar el bienestar.
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Algunos incluso han sostenido que la legalización del consumo de drogas y hasta de la prostitución debía regirse por el mercado. Sin ir más lejos, el candidato presidencial argentino, Javier Milei, postula legalizar el mercado de venta de órganos como una forma de solucionar la espera por trasplantes.
Lamentablemente algo de esto es lo que estamos constatando en el desempeño del partido Republicano dentro del Consejo Constitucional. Si bien en lo valórico son extremadamente conservadores, en lo económico no tienen tapujos en limitar las funciones del Estado a su mínima expresión en beneficio de una concepción privatista de la sociedad.
Lo relevante no es si el rodeo o la cueca se constitucionalizan como deporte o baile nacional. Lo delicado es que detrás del conjunto de enmiendas votadas por este partido va inmerso un amarre del Estado dejándolo en un rol aún más subsidiario que el actual.
Estamos comenzando las votaciones en el pleno del Consejo Constitucional y ya es posible visualizar este camino.
Se aprobó que ”los bienes nacionales de uso público que la ley determine serán susceptibles de concesión y sobre los derechos emanados de la respectiva concesión, el titular tendrá derecho de propiedad”. Es decir, las playas, lagos o ríos, y en extremo las calles, plazas, puentes, caminos, montañas, cerros y bosques podrían ser privatizados, sin establecer límites como hoy existe en nuestra legislación que circunscribe tales concesiones a ciertos bienes, como lo son algunos recursos mineros por ejemplo. Asumo que “el guatón de Gasco” estará feliz ante la posibilidad de concesionar lo que para él es su playa.
También se aprobó la enmienda que “exime del pago de contribuciones a las primeras vividas” beneficiando a quienes tienen mayor poder adquisitivo en Chile. Según la última actualización de avalúos fiscales realizada por el SII el año 2022, cerca de 77,3% de las propiedades habitacionales están exentas del pago de contribuciones, y el 22,7% están afectas a este impuesto, que corresponde a las de mayor valor y, por consiguiente, a dueños de inmuebles con mejores ingresos. Hay que recordar además que buena parte de los ingresos municipales provienen de este impuesto, el cual, de prosperar esta enmienda, afectaría fuertemente el desempeño estatal a través de nuestras Municipalidades.
Otra enmienda aprobada dispone que “la ley establecerá un plan de salud universal, sin discriminación por edad, sexo o preexistencia médica, el cual será ofrecido por instituciones privadas y estatales.”
Aproximadamente alrededor de 16 millones de personas están afiliadas a Fonasa y solo 3 millones a isapres. Con esta enmienda deja en nada la política pública de un sistema único de salud complementado con seguros médicos privados voluntarios. Es decir, se constitucionaliza el negocio de la salud privada, en particular de las isapres, sin posibilidad de delegar en el Congreso y el Ejecutivo la política sanitaria que mejor convenga al país.
Lo lógico es que la mención “de instituciones privadas y estatales” se hubiese entregado a una decisión legal, para que sean las políticas públicas la que lo resuelvan sin imponer una visión sobre la otra (en el sentido contrario, es el mismo error cometido por la anterior Convención Constitucional).
Se aprobó también que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por éstas …”, sepultando así cualquier discusión legal para incorporar alguna solidaridad a nuestra seguridad social. No se trata de “pegar un zarpazo” a las cotizaciones actuales, pero imposibilitar una reforma de pensiones futuras incorporando ciertos grados de solidaridad para mejorar la vejez de quienes hoy no tienen como sobrevivir, parece del todo un despropósito.
Otra norma aprobada muy preocupante respecto del derecho de propiedad y el acto expropiatorio autorizado por ley, fue agregar “un procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial del Estado por actos del legislador”, es decir, si a alguien no le parece una ley expropiatoria dictada por el Congreso, puede litigar contra el Estado pudiendo incluso paralizar políticas públicas.
A modo de ejemplo, si por razones medio ambientales el Congreso decide prohibir la edificación en determinados lugares, quienes se sientan afectados podrían demandar al Estado rompiendo así los consensos democráticos logrados en el Parlamento. Francamente sería paralizar al Estado en su actuar.
La base constitucional acerca de que Chile se organiza en un “Estado social y democrático de derecho” consagrada en el primer artículo del proyecto de la Comisión experta, fue trasladado al artículo segundo sobreponiéndole en importancia un principio privatista dentro del primer artículo que dispone que “Las agrupaciones que libremente surjan entre personas gozarán de la adecuada autonomía… el Estado respetará los efectos de este reconocimiento”, es decir, queda plasmada la protección de la autonomía privada por sobre la estatal y con esto, la subsidiariedad del Estado.
Recién han comenzado las votaciones del pleno del Consejo Constitucional y ya vemos señales evidentes por reducir la función estatal, siendo previsible que de perseverar en esta conducta partisana, los republicanos y sus fieles escuderos centroderechistas terminarán dinamitando el rol del Estado.
¿Qué ausente se siente a quienes en el proceso constitucional anterior llamaban a rechazar por una “constitución que nos una”? Es como si el socavón de las dunas de Concón se los hubiese tragado.
Finalmente, a propósito de unión, no es posible terminar esta columna sin reconocer el gesto del consejero republicano Paul Sfeir quien, en un abrazo empático, le dio valor al sensible testimonio de exilio sufrido por el consejero socialista Alejandro Köhler… ¡cuánto ayudaría a la reconciliación que muchos y muchas hicieran lo mismo con motivo de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado!
José Ignacio Cárdenas Gebauer
Abogado autor de libros como “El Jaguar Ahogándose en el Oasis” y “La Trampa de la Democracia”
Instagram jignaciocardenasg
