Estamos hoy, desafortunadamente, en presencia de malas prácticas de fundaciones con organismos del estado. A propósito de hechos irregulares y dados a conocer a la opinión pública por los medios de comunicación, queda claro que cuando existe la voluntad de torcer normativas y vulnerar controles con la complicidad de funcionarios del aparato público, para allegar recursos, se realizan fraudes que encienden la conciencia colectiva, con la natural indignación y reproche, pues queda al descubierto la desvergüenza y el amaño.
Las fundaciones no tienen su origen para defraudar. Nacen con una misión y sentido de aporte al bien común. Ejercen un derecho ciudadano. El de congregar a un grupo de personas en torno a una finalidad y bien al que sirven: sea de salud, educación, deporte, estudios, política, infancia, ancianidad, artes o cultura entre otros. La multiplicidad de fines que poseen las fundaciones dan cuenta de la creatividad y riqueza de iniciativas cuyas labores complementan y contribuyen a las políticas públicas del estado. Muchas de estas fundaciones prestan un auxilio indiscutido y gozan de legítimo prestigio. También las hay sin mayor visibilidad, pero con tareas abnegadas y silenciosas, pero, sin duda, muy trascendentes.
Convengamos que toda obra humana está expuesta a riesgos también humanos. Así es posible ver elevados propósitos traducidos en acciones nobles. Sin embargo, cuando no hay vigilancia constante del propio directorio a la misión original de la fundación, puede ocurrir que esta degenere en acciones reñidas con la fe pública, distorsione a la corporación con malas prácticas y desvirtúe, por tanto, el sentido mismo de su existencia.
Quien escribe estas líneas está al frente de una fundación que en pocos meses más cumplirá 10 años. Se trata de una fundación pequeña cuyo propósito, así lo consideramos, es un aporte al patrimonio cultural del país. Las hay muchas y con gran esfuerzo. Como la nuestra, existen fundaciones que no tienen espaldas financieras, ni influencias de poder o apoyos de grandes empresas. A este respecto creo que algunas fundaciones, principalmente del ámbito de la cultura –exceptuando algunas que gozan de entradas permanentes o asignaciones de recursos públicos-, debemos trabajar arduamente por postular a fondos engorrosos y burocráticos al Ministerio de las Culturas, con pagos muy discretos a profesionales especializados. Se trata de sumas de dinero menores y rendiciones realizadas con sus correspondientes certificados de ejecución.
La ausencia de recursos para el trabajo en cultura de largo aliento, dificulta el trabajo a largo plazo, y concursos de fondos anuales cuya evaluación es discutible, y que, al obtenerlos, permiten el avance en la misión por periodos breves, para luego, ¡volver a elaborar proyectos! Todo esto produce desgaste y desaliento. Más todavía, cuando aparecen “tratos directos” que con gran facilidad otorgan a algunas fundaciones cientos de millones…
Las fundaciones cuestionadas con razón y gran malestar ciudadano están ahora en las pautas periodísticas y debate público. Lo sucedido, estimo, debiera servir para corregir normativas y procedimientos de transparencia. Pero también corresponde reconocer la ingente labor de fundaciones cuyas misiones específicas aportan cultura y valor a la sociedad. Fundaciones que con trabajo y dedicación desempeñan su servicio al patrimonio cultural del país y cuyas rendiciones de fondos públicos de proyectos están debidamente ejecutados.
¡Ojalá las fundaciones podamos cumplir cada vez más y mejor nuestra misión!
Horacio Hernández Anguita
Presidente
Fundación Roberto Hernández
