Indignante ha resultado la decisión de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), que agrupa a los grandes empresarios del país, sobre recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar el proyecto de ley que endurece las penas a los delitos económicos, o también conocidos como “de cuello y corbata”. Indigna, pero no sorprende ya que durante muchos años hemos sido testigos como grandes empresarios no han tenido reparos éticos en burlarse de la ciudadanía consumidora o del mismo Estado en beneficio exclusivo de sus ya abultados bolsillos.
Ocurrió así con la colusión de productores de carnes de pollo, los mismo con la colusión de los empresarios del papel higiénico, o el caso de las farmacias, o más recientemente la estafa financiera de la empresa La Polar. Podríamos agregar a esta lista las boletas ideológicamente falsas del recordado caso Penta y sus clases de ética, o lo ocurrido con Soquimich donde ni siquiera se presentó querella por parte del Servicio de Impuestos Internos. En todos estos casos ninguno de sus directivos fue a la cárcel y las multas o indemnizaciones que pagaron fueron montos irrisorios para las desmesuradas ganancias ilícitas que obtuvieron.
Sumado a lo anterior está el hecho que estas empresas privadas siguen operando con tranquilidad y normalidad, a pesar de haber afectado a millones de ciudadanas y ciudadanos con su actuar delictual.
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En Chile, en los años recientes, son varios miles de millones de pesos los involucrados en fraudes, ilícitos, dolos, delitos, cometidos por directivos, ejecutivos y empleados de grandes empresas y grupos financieros. Prácticamente ninguno de ellos va a la cárcel y ni siquiera reciben inhabilitación para seguir en el mundo de los negocios.
Esta nueva ley, aprobada transversalmente por nuestra clase política, endurece las penas con cárcel efectiva y acrecienta los montos indemnizatorios para que paguen acorde a los ingresos de los condenados, persiguiéndolos en donde más les duele: en sus ganancias.
Qué distinta ha sido la reacción de estos grandes empresarios cuando se trataba de perseguir delitos como el robo o condenar hechos de violencia. Fueron los primeros en exigir a la clase política elevar las penas, sin embargo, ahora que los delitos son de “cuello y corbata”, cuya soterrada violencia es aún más depredadora que la visible, parece afectarles repentinamente un ataque de amnesia para con total desparpajo hacer pública su intención por perseverar lo que en los hechos han sido delitos de primera y segunda categoría. Esta ley envía un claro mensaje al poder económico: no hay delincuentes de primera o segunda clase, todos serán igualmente responsables ante la ley.
A partir de esta ley al fin se da respuesta a un clamor popular muy reclamado en las manifestaciones del estallido social, y nos trae a la memora aquella recordada frase en que la capellana de la cárcel de mujeres le explicaba al Papa sobre que “en Chile se encarcela la pobreza”, ya que personas que cometen delitos comunes tienen más posibilidad de cumplir condena efectiva que aquellas que incurren en delitos de corrupción.
Dentro de las argumentaciones esgrimidas por la CPC en su presentación ante el Tribunal Constitucional se plantea que esta ley pretende “aplicar un régimen punitivo distinto y más gravoso que el general” lo que atentaría contra el principio de igualdad ante la ley. Es decir, ni siquiera hay pudor al tratar de torcer mañosamente lo que todos los chilenos y chilenas sabemos sobre la enorme desigualdad existente en nuestra ley y en los hechos respecto del discriminador trato penal y civil que hasta hoy ha beneficiado inescrupulosamente a quienes ostentan el poder económico en Chile.
Sin embargo, lo que aún es peor es intentar con esta presentación doblegar la voluntad del Congreso de la República como poder del Estado, ya a que de lograr éxito sería un profundo atentado hacia nuestra democracia y dejaría penosamente en evidencia que nuestro país les pertenece a unos pocos.
Señor gran empresario, le tengo una mejor solución a lo que tanto le conflictúa: simplemente ¡¡no cometa delitos!! y no tendrá problemas con esta ley.
José Ignacio Cárdenas Gebauer
Abogado autor de libros como “El Jaguar Ahogándose en el Oasis” y “La Trampa de la Democracia”
Instagram jignaciocardenasg
