¡Ya es un hecho! La Ley para la Naturaleza, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pasó con éxito su último trámite y quedó ad-portas de convertirse en ley, luego de que el informe de la Comisión Mixta fuera votado y aprobado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados por 131 votos a favor.
Se trata de un tremendo avance para el Gobierno: esta ley llevaba 13 años de tramitación en el Congreso y permitirá concretar la creación de un organismo público para el cuidado de las áreas protegidas del país y de la biodiversidad que se encuentra al interior y exterior de esos territorios. Este servicio posibilitará, además, enfrentar de mejor manera las graves crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático que afectan a Chile y al planeta.
La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, dijo que “hoy nuestro país dio un paso histórico para la protección de nuestra rica naturaleza. El Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una poderosa herramienta para hacer frente a la grave crisis de pérdida de biodiversidad y de cambio climático que golpea a Chile y al mundo entero”.
La ministra agregó que “como Gobierno estamos convencidos de que enfrentar la crisis de pérdida de especies y ecosistemas es un imperativo, y la creación del SBAP es una condición habilitante para aquello, porque dotará al país de un servicio público 100% enfocado en la protección de naturaleza terrestre y marina, que además contará con el financiamiento para gestionar las áreas protegidas”, agregó.
El proyecto de Ley para la Naturaleza ingresó al Congreso como un requerimiento para completar la institucionalidad ambiental chilena, conformada actualmente por el Ministerio, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), además de los tribunales ambientales.
El SBAP se levanta sobre cuatro pilares:
• Crea un servicio público robusto que se encarga de la protección de la biodiversidad.
• Enfrenta la dispersión institucional de las áreas protegidas que hasta ahora estaban repartidas en más de 5 servicios públicos, provocando un manejo desarticulado. Así lo concluyó un informe de Contraloría dado a conocer en 2021.
• Dota al país de instrumentos de gestión para la conservación de la biodiversidad en todo el territorio nacional -dentro y fuera de áreas protegidas- tales como identificación de sitios prioritarios para la biodiversidad, estrategias de restauración ecológica y protección de humedales.
• Fortalece la normativa y otorga un financiamiento robusto y eficiente para la conservación. Chile destaca por su amplia superficie de áreas protegidas marinas (42%) y terrestres (22%) y, de acuerdo al Informe Financiero Sustitutivo 2022, con este proyecto se concretaría un importante aumento en el aporte fiscal directo del Estado dedicado a la institucionalidad ambiental de casi un 58%.
