En medio de la crisis de seguridad pública que vive el país, resulta evidente la opinión de la
ciudadanía reflejada en los últimos estudios de opinión: el primer problema del que debe
preocuparse el gobierno es la delincuencia.
Y un paso clave en la contribución a crear mayores niveles de seguridad, corresponde a la
construcción y operación eficiente de las cárceles. Las cifras del Ministerio de Justicia son claras
e indican que los recintos ya registran una sobrepoblación: hay más 46.200 reos en ellas, aunque
su capacidad es para 41.762 personas. Y en 2024, habrá 50 mil privados de libertad en los
penales, según proyectó la misma cartera. En el caso particular de la Región del Maule
observamos que estos números son aun más alarmantes ya que presentan un 152% de
sobrepoblación penal. En concreto, la región presenta un total de 8.340 personas en el sistema
penitenciario, según datos de Gendarmería.
Ante este escenario, una buena noticia es la apuesta del Estado por la Asociación Pública–
Privada y la próxima licitación del Complejo Laguna del Maule emplazado en la zona de
Panguilemu, la que aportará más de 2.000 plazas, con una infraestructura de 63.000 m2. Contará
con modernos sistemas de vigilancia, servicios de primer nivel para los internos como con
gimnasio, hospital penal, escuela y central de producción de alimentos que apoyen su reinserción
social como orientación primordial y además tendrá un certificado de sustentabilidad
medioambiental.
La licitación, por la vía del sistema de concesiones, en esta oportunidad será solo de los servicios
de centro penitenciario –por alrededor de US $20 millones-, lo que representa una innovación en
esta materia que abre nuevos estímulos para los privados que se interesen en estas iniciativas.
En el caso de las cárceles –habiendo aprendizajes a partir de la primera generación de este tipo de
concesiones–, esto también debería permitir que el Estado no termine pagando grandes multas
por la sobrepoblación, producto de la falta de planificación y una debida coordinación entre el
MOP, Gendarmería y quien sea el responsable de la prestación de servicios licitados, pues
recordemos que es el Estado quien es el propietario de la infraestructura.
Paulo Muñoz
Cientista Político UDD
Investigador Asociado, Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
