Durante diciembre de 2021, y de acuerdo a cifras del Poder Judicial (PJUD), hubo un total de 473 ingresos de causas por procedimientos de la Ley de Quiebra, entre personas y empresas de todos los tamaños. Comparándolo con el mismo mes, pero de 2022, la cifra creció en un preocupante 17% llegando a tener un ingreso de 554 causas.
En el caso de las personas naturales, a nivel nacional, el incremento de quienes se acogieron a la liquidación voluntaria se tradujo en un 23%, comparando el mismo período de 2021 y 2022. En el caso de las quiebras de empresa el aumento no fue considerable, pero de todas formas siguieron la tendencia al alza con un aumento del 5%.
“Esto es una clara señal de que 2023, un año que de acuerdo a especialistas se prevé muy complejo desde el punto de vista económico, será un periodo donde se registren muchas más quiebras en nuestro país, tanto de empresas como personas naturales”, afirma Ricardo Ibáñez, abogado y socio de Defensa Deudores, quien es experto en esta materia.
La Ley de Reorganización y Liquidación de activos de Empresas y Personas (Ley Nº 20.720), más conocida como “Ley de Quiebra”, permite a las personas y empresas que se encuentran en crisis financiera salir de su situación de endeudamiento y reemprender a través de herramientas legales.
Al respecto, Ibáñez explica que “la norma, vigente en Chile desde 2014, aplica para micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, personas jurídicas sin fines de lucro y personas naturales”.
La Ley de Quiebra ofrece diversas herramientas para que aquellas personas o empresas que atraviesan una situación financiera grave puedan hacer frente a esta crisis. En el caso de las personas, la normativa les permite renegociar las deudas con nuevas y mejores condiciones de pago, y también liquidar los bienes mediante una venta rápida y ordenada para pagar las deudas.
En relación con las empresas, la Ley 20.720 establece dos vías que les permiten salvar aquellas empresas que tienen posibilidades de mantenerse en el tiempo, con la reorganización, y liquidar los bienes de aquellas empresas que no puedan salvarse, con la quiebra voluntaria.
Una situación preocupante
A nivel nacional los datos del PJUD vislumbran un escenario que inquieta. Si comparamos los procedimientos de liquidación de empresas de 2021 versus 2022 se determina un alza de un 17%. Si bien es cierto que hay algunas regiones donde las solicitudes de quiebra no registraron una mayor subida, hay situaciones que preocupan, como es el caso de las regiones de Los Ríos y de Coquimbo, las cuales registraron un aumento de un 300% y 250% respectivamente, en las liquidaciones voluntarias de empresas.
En el caso de las personas naturales, destaca la negatividad del escenario vivido en la Región de Los Lagos, donde el incremento alcanzó un 233%. En Valparaiso y La Araucanía la situación es similar, registrando un alza de 207% en la primera, y de un 156% en la segunda.
Al respecto, Ibáñez afirma: “Tras los sucesivos retiros de fondos previsionales registrados durante los últimos años, los cuales en parte fueron utilizados para el pago de deudas, la liquidez de personas y empresas se terminó. Esto, sumado a la recesión económica que ya está aquí, seguramente nos llevará a ver un incremento de las liquidaciones voluntarias y forzosas, tal como lo expresan las cifras”.
Una ley que busca ser reformada
Durante el segundo mandato de Sebastián Piñera se ingresó un proyecto de ley que buscaba mejorar los procesos y agilizar los trámites para que las empresas y las personas en insolvencia a través de la simplificación de algunos procedimientos. Por medio de la mejora de procesos y la agilización de trámites se buscaba quienes estuvieran comprometidos económicamente prefirieran un proceso de reorganización antes que uno de quiebra.
“Era justo y necesario reformar la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. A ocho años de su dictación, en un contexto de recesión económica, con la posibilidad de que miles de personas y empresas puedan quebrar en 2023, resulta de vital importancia poder actualizar esta norma”, asevera el abogado y socio de Defensa Deudores.
Sin embargo, aclara que como en todo proyecto de ley hay aspectos positivos, negativos y otros sin abordar. “Mis preocupaciones son principalmente cuatro: el incidente de mala fe, las sanciones ante la entrega incompleta de información por parte del deudor, la prohibición de volver a quebrar en cinco años luego de una liquidación voluntaria y la rebaja en el monto para la liquidación forzosa de 200 a 100 UF”.
“El incidente de mala fe es algo que podrán argumentar los acreedores para negar la extinción de una deuda, a pesar de que esa extinción es una promesa de la Ley de Quiebra. Sobre la información incompleta, la ley contempla sanciones que son -desde nuestro punto de vista- absolutamente desproporcionadas, como arrestos de hasta dos meses y multas de hasta 10 UTM”, señala el experto.
Otro punto que le preocupa es la prohibición de volver a quebrar en cinco años luego de una liquidación voluntaria. “Si decimos que Chile es un país de emprendedores, debemos aceptar que puede existir un nuevo fracaso antes de cinco años”. En este sentido las cifras son categóricas, ya que 9 de cada 10 emprendimientos fracasan anualmente.
También se rebaja la liquidación forzosa de 200 a 100 UF, lo que según el experto de una u otra manera se transformará en una amenaza por parte de los acreedores en contra de las empresas o personas que están viviendo una situación de insolvencia. “Si bien hay temas que valoramos, creemos que hay mucho por mejorar y esta ley, por todos y para todos, merece ser modificada con criterios de justicia”, enfatiza finalmente Ibáñez.
