Una encuesta de la Cámara Nacional de Comercio reveló que el 95% de los consultados cree que el gobierno debiera dar máxima prioridad a la seguridad y combate a la delincuencia y crimen organizado.
Consultados frente al proceso constituyente y los mecanismos a seguir las opciones están divididas, un 38,5% opta por un acuerdo político sin plebiscito de entrada y un 35% cree que se debe ir derechamente a un plebiscito de entrada que defina si se quiere un nuevo proceso o no, alcanzando un 42,6% en las grandes empresas.
La encuesta fue realizada por el departamento de Estudios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile (CNC) a empresas de los sectores que el gremio representa con el fin de conocer las preferencias en los mecanismos a seguir respecto al Proceso Constituyente, junto con los temas prioritarios en los cuales el Gobierno debiera enfocarse.
Esta se aplicó entre el 12 y 19 de octubre. Se alcanzaron 664 respuestas distribuidas principalmente en los sectores comercio, servicios y turismo. En cuanto al tamaño de empresas que participaron, clasificación realizada según número de trabajadores, un 40% son micro (menos de 10 empleados), un 30% pequeñas (entre 10 y 49 empleados), un 15% medianas (de 50 a 149) y 15% grandes (más de 200 empleados).
Posición frente al Proceso Constituyente
De acuerdo con su postura en el plebiscito de salida un 81% de los encuestados votó rechazo y sobre el proceso constitucional que debiera seguirse hacia adelante un 51,5% cree que debiera reformarse la actual constitución, un 26,7% cree que se debiera trabajar en una nueva y un 8,8% opina que se debiera reformar la recientemente trabajada por la convención. Por su parte, un 13% mantendría la constitución actual. No hay mayores diferencias según tamaño de empresa.
Respecto a los mecanismos a seguir las opciones están divididas, un 38,5% opta por un acuerdo político sin plebiscito de entrada y un 35% cree que se debe ir derechamente a un plebiscito de entrada que defina si se quiere un nuevo proceso o no, alcanzando un 42,6% en las grandes empresas. Por su parte, un 23,6% opta por un acuerdo político con un nuevo plebiscito de entrada que lo ratifique.
Sobre el nuevo proceso y sus integrantes un 40,7% cree que debe ser trabajado desde el Congreso junto a un comité de expertos, de estos un 21,3% opina que esta comisión de expertos debiera ser designada y un 19,4% cree que debiera ser elegida desde el Parlamento. Por su parte, un 25,9% opina que se debe trabajar desde una Convención Constituyente electa, más un comité de expertos, dentro de ellos un 15% cree que este comité debe ser electo y un 10,9% cree que debe ser definido entre el Gobierno y el Poder Legislativo. Luego un 17,2% se inclina a que el proceso sea llevado solo por un comité de expertos, un 7,4% quiere una convención 100% electa y un 7% quiere que el proceso se lleve a cabo solo por el Poder Legislativo. Respecto a estas opciones, no se ven grandes diferencias entre tamaño de empresa.
En relación con los tiempos también se ven posiciones divididas, un cuarto de los encuestados (25,5%) cree que el proceso debe hacerse de forma inmediata, mientras que otro 23,3% menciona que se debe esperar un año para tener un período de tranquilidad, opción más marcada en las pequeñas y microempresas. A su vez, también hay un 23,3% que cree que se debe avanzar en la medida que se vayan alcanzando los acuerdos políticos necesarios. Por su parte, un 20,7% se inclina con esperar a inicios de 2023, esta opción aumenta mientras mayor es el tamaño de la empresa.
Finalmente, respecto de quienes debieran estar a cargo de escribir esta nueva Constitución, hay bastante consenso en que debe haber un grupo de expertos, con un 89,9% de las preferencias. Un 42,4% cree que deben participar senadores y diputados, un tercio de los encuestados opina que deben participar los empresarios y también un tercio menciona a los ciudadanos. Luego un 40% cree que deben ser adultos sobre 40 años, un 23% opina que debe haber paridad de género, un 21,5% cree que deben participar los partidos políticos y un 19,2% opina que debe incluirse a los pueblos originarios. Esta pregunta era de opción múltiple y el promedio de menciones por encuestado fue de 3,2.
Posición frente a prioridades que debiera enfocarse el Gobierno
Claramente entre los encuestados los temas de seguridad y crecimiento debieran ser hoy las prioridades del Gobierno. Un 95% pone máxima prioridad a la seguridad y delincuencia y lo mismo en el caso de combatir crimen organizado. Luego el crecimiento económico, productividad y reactivar inversión tiene máxima prioridad para un 92% de los encuestados. Seguido de cerca de controlar la inflación (90,2%), empleo (87,6%), salud (84,4%) y educación (83,7). Poco más de tres cuartos de los encuestados cree que también se debe poner alto foco en controlar los abusos y la corrupción (78,5%). Reforma de pensiones, modernización del Estado, vivienda y CPTPP son de alta prioridad también para sobre un 60% de los encuestados.
En el otro extremo, los temas donde, según los encuestados, el Gobierno no debiera poner su foco son la nueva Constitución, donde un 58,9% le vi prioridad mínima y Reforma Tributaria, donde un 46,8% opina que no debiera ser una prioridad del Gobierno, pero en el otro extremo cerca de un tercio si ve alta prioridad en este tema.
Al analizar los temas según su nota promedio alcanzada, donde 5 es máxima prioridad. Se puede ver también los altos puntajes alcanzados por temas de seguridad, crecimiento, salud y educación, sobre los 4 puntos, versus menores valores en temas de la nueva Constitución, reforzar el Sence, reforma tributaria, diálogo social y medio ambiente, que están bajo 3.
Al respecto, el presidente de la CNC, Ricardo Mewes, señaló que “el Gobierno debiera poner foco en el tema delictual y en la seguridad, que sabemos que es una materia que nos está afectando fuertemente, en especial después de lo vivido el 18 de octubre recién pasado. Según nuestra última encuesta de victimización, casi un 60% de los locales del sector ha sido víctima de delitos, llegando a niveles nunca antes vistos en la percepción de inseguridad”. Asegurando que “la seguridad es la condición habilitante para cualquier otra medida de política pública que signifique crecimiento e inversión, es el pre requisito para que la economía crezca y que los emprendimientos se desarrollen.
Mewes, además, agregó que “en segundo lugar, los resultados dan cuenta que se debe poner foco en el crecimiento económico, pero, si no tenemos garantizado el poder trabajar con seguridad no seremos capaces de recuperar la inversión ni los empleos formalzes y de calidad, ni tendremos crecimiento económico sostenido en el largo plazo”.
