Al menos cuatro innovaciones propone la nueva Carta Fundamental respecto al sistema de Defensoría Penal Pública (DPP) actual, entre ellas, la de asegurar un defensor público de calidad, independiente del gobierno de turno y de su superior jerárquico, y que garantice la presunción de inocencia de cualquier imputado, hasta que un Tribunal no establezca lo contrario.
Así lo afirmó el académico Peter Sharp, abogado de la Defensoría Penal Pública, consultor para la CEPAL y la ONU en materias de Justicia Abierta y presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios y Defensores de la DPP, quien dio una charla sobre esta materia en la Universidad de Talca.
El especialista señaló que, “la autonomía constitucional siempre había estado pendiente, porque nos faltaba igualdad de armas en el sistema judicial. Al ser dependientes del Ministerio, la gente nos veía como representantes del gobierno de turno, y no como una institución estatal de confianza”.
“Al incorporar, en la Nueva Constitución, la noción de institución autónoma, esto nos permitirá litigar, en la práctica, al mismo nivel que la contraparte. La autonomía no será un beneficio para la institución, sino una garantía para nuestros defendidos”, aseguró.
Sharp precisó que esto se garantiza, porque ya no será el Presidente quien designe a la máxima autoridad de la institución, sino que será elegido por el Parlamento. Y agregó que, en la propuesta de la nueva Constitución, la DPP cuenta con las mismas herramientas que la Fiscalía.
Funciones
Otra de las innovaciones en materia de Defensoría será la ampliación de sus funciones y responsabilidad, durante el tiempo que dure la ejecución de la pena, indicó Sharp. “Las personas privadas de su libertad, no pierden sus otros derechos fundamentales, como el derecho a un trato digno. Con esta nueva atribución, la Defensoría podrá resguardar la integridad física, por ejemplo, y acompañará al acusado durante toda la ejecución de su pena, y hasta que salga libre”, expresó.
Además, la DPP podrá acudir a tribunales de justicia internacionales en ciertas materias, como los Derechos Humanos. “La Constitución del 80 no permitía esto. La nueva Constitución sí garantizará que se pueda acusar, e incluso demandar, al propio Estado, si no cumple sus obligaciones”, afirmó.
“La idea es pasar de un sistema judicial cerrado y opaco a otro sistema trasparente, que garantice un debido proceso”, concluyó el experto.
Ciclo de conversatorios
El especialista participó de un ciclo de conversatorios denominado “Sistemas de Justicia, Ministerio Público y Defensoría Penal Pública en la propuesta de la nueva Constitución para Chile”, organizado por el profesor Diego Palomo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UTalca.
“El rol público que debe asumir una universidad estatal como la nuestra, es el estar presente en el debate de las diversas posiciones, así como informar lo más transparentemente posible, de manera que el voto, el próximo 4 de septiembre, tenga a su haber la mejor y mayor calidad y cantidad de información”, señaló el académico.
En ese sentido, Palomo manifestó la importancia de debatir sobre la figura del Defensor Penal Público. “Es relevante, porque la nueva Constitución garantiza que ya no actuará bajo presiones institucionales o los superiores jerárquicos, y que tendrá una mayor y mejor regulación por ser un operador jurídico clave, con rango de autonomía constitucional”, valoró.
Los conversatorios se realizaron los días 10, 11 y 12 de agosto, e incluyeron, además, un debate con Julio Contardo, Fiscal regional del Maule, y Mauricio Olave, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas (ANMM).
