El reciente plebiscito nos dejó varias evidencias, una tasa de participación histórica, una gran adhesión al proceso del voto joven, la capacidad de un país de llevar adelante, pese a la agitación política y social, un proceso de manera ordenada y transparente, pero por sobre todo nos confirmó que una parte importante de Chile, muy mayoritaria, no está conforme con nuestro actual modelo de desarrollo; y en contrapartida, que una parte minoritaria, pero influyente y posicionada en importantes esferas de poder económico, si está de acuerdo con dicho modelo y desearía mantenerlo invariable, ya sea por afinidad o por miedo a algo alternativo e incierto.
Este evento social y político ha sido solo el comienzo de un largo proceso de reflexión y trabajo que debemos llevar adelante como país. Es un trabajo que compromete a individuos, a colectivos y por supuesto al mapa de organizaciones que se articulan a nivel local, regional y nacional.
La nueva constitución definirá cuál es el rol del Estado en cuanto al establecimiento del llamado piso de protección social o conjunto de garantías básicas, muchas de ellas de carácter económico, pero también político, cultural y, lo que sería novedad respecto a otras cartas fundamentales, garantías medioambientales. Al mismo tiempo que establece estas condiciones básicas, definirá espacios y oportunidades de acción, cuestión que sin duda las organizaciones que promovemos un mayor poder de acción y protagonismos desde las regiones, seguiremos con especial atención y entusiasmo.
Como todo proceso de cambio – y vaya que esto sí es un cambio – demandará capacidad de escuchar, de entender la visión del otro, estar abierto a hacer propias algunas ideas de la contraparte y, por otro lado, saber encantar a los demás con nuestra propia visión. Debe ser un proceso por sobre todo integrador, que nos permita plasmar nuestros sueños colectivos en un ordenamiento jurídico que dé cuenta de nuestros derechos y libertades como ciudadanos, así como de nuestros deberes, bajo un nuevo concepto de sociedad, más justa, solidaria y tolerante.
La velocidad y complejidad de este proceso deben ir acompañadas de una respuesta ágil y a la altura por parte de todas las organizaciones, públicas, privadas, académicas y de diversa índole.
Caso contrario, ponen en riesgo su vigencia y significado, en un momento de nuestra historia en que más se les requiere, como una de las formas para canalizar el sentir colectivo de nuestra sociedad.
