El baile de los que sobran: Delincuencia y Derecho de la educación

No hay duda que los indicadores de la delincuencia han aumentado dramáticamente, no solo en la percepción ciudadana sino en la frialdad de los números estadísticos. Frente a esto, urgen las medidas inmediatas para enfrentarla, alguna de las cuales se han decretado esta semana más otras que esperemos sean fruto de un gran acuerdo político transversal.

Sin embargo, ojalá que esta inmediatez, muy necesaria por cierto, no deje en el olvido decisiones más de fondo que aborden una de las tantas causas de este complejo flagelo, como son los serios problemas de nuestra educación pública, en particular las decisiones de expulsión escolar y la deserción de nuestros estudiantes.

Según cifras no actualizadas de la Superintendencia de Educación, en nuestro país 1,3 estudiantes son expulsados cada día del sistema escolar. Las razones son variadas, pero aproximadamente el 62% obedece a incumplimientos de las normas de las escuelas, como malas calificaciones o faltas disciplinarias. Por su parte, hasta el año pasado en Chile existían más de 186 mil menores y jóvenes de entre 5 y 21 años que abandonaron el sistema escolar, de acuerdo a datos del Ministerio de Educación.

El problema es que estos niños excluidos de nuestro sistema educacional lo hacen ya sea para trabajar, lo que atenta contra los derechos del niño, o lo que es peor, para delinquir. Es decir, el Estado de Chile conoce a estos niños por sus fichas escolares y sabe entonces que, quienes fueron expulsados o abandonaron el sistema, es muy probable que hayan caído en la delincuencia, ¿por qué no se hace algo antes? Se agrava esta situación cuando constatamos que estos niños por lo general comienzan a delinquir entre los 12 y 14 años.

No existen en Chile escuelas de reinserción promovidas por el Estado. Solo algunas iniciativas benefactoras creadas por el Hogar de Cristo a través de su Fundación Súmate que ha logrado abrir unas pocas escuelas con este propósito. Las insipientes pasivas medidas promovidas desde el Ministerio para tal fin apuntan más bien a quien solo voluntariamente quiera reinsertarse, no a una iniciativa proactiva del Estado por intentar reinsertar a quienes se excluyeron o fueron expulsados. Esto último requiere seguimiento, entender causas y razones, y apoyarlos en el convencimiento que la alternativa está en la educación.

“Mi papá maltrataba a mi mamá -que sufría una discapacidad física- y además era ladrón, entonces con todo eso, con el abandono que sufrí, lo único que sentía en mi corazón era rabia. Rabia con todo el mundo, con mis padres, con la sociedad, con todos. Y pienso que muchos de los jóvenes que hoy están delinquiendo están pasando por algo parecido”. (Testimonio de un expreso en Reportaje del diario La Tercera del día 13-5-22). ¿Cuántos niños en Chile están pasando por algo similar? Lamentablemente muchos. Urge intervenir en esta incipiente etapa.

Necesitamos entonces un sistema educativo que acompañe y los guíe, y no los mida a partir de la ciega e injusta meritocracia que solo da espacio a la absurda competitividad en la cual unos son mejores que otros, o tienen que ser mejor que otros. Esto no es más que la negación de sí mismo, porque el otro pasa a ser el referente de lo que uno no hace, no quiere hacer o no es capaz de hacer. Somos distintos y a esta temprana edad nuestro sistema educativo debe dar cabida a todos, incluso a quienes hoy son desechados por no ajustarse al individualismo educativo del mérito.

Esta indiferencia societaria, alimentada por un Estado impasible, es la que ahora nos enrostra una delincuencia desenfrenada por los invisibilizados del sistema, la de los que sobran, la de los niños de antes, jóvenes o adultos de hoy, que junto a tantos otros hicieron “familia” bajo los puentes del río Mapocho unidos en una triste historia común de abandono social.

Es aquí la importancia de lo que hoy propone la Convención como derecho a la educación, ya que se trata de pasar desde un Estado pasivo que cumple con lo mínimo, sin responsabilidad ni menos incentivo para su mejoría limitando su actuar al fomento de una educación que finalmente se reduce a garantizar la libertad de los privados para emprender en sus negocios educacionales, a uno donde el Estado asuma su liderazgo y responsabilidad para articular, gestionar y financiar una educación pública de calidad donde su fortalecimiento sea un deber estatal primario bajo principios de cooperación, no discriminación e inclusión. En este último deber cambia la visión y responsabilidad del Estado siendo exigible su actuar para reinsertar a niños y niñas que dejaron la educación o que el sistema simplemente optó por el camino fácil de excluirlos.

Obviamente será un camino largo y pedregoso, pero para llegar a esa meta es necesario crear el propósito de alcanzarla, que es precisamente lo que se propone con este cambio de paradigma en tan importante derecho social. Como dijimos, la constitución actual da más relevancia a otro fin, la de la libertad de emprendimiento educacional privado, lo que se ha traducido en que la mala educación pública de hoy está constreñida a un precario 35% del país, frente a cifras de la OCDE donde los países desarrollados han entendido que la forma de crecer es con una educación pública fuerte y de calidad cuyos porcentajes no bajan del 85%.

Es un deber del Estado entonces dar buena educación a nuestros niños y niñas, y es su obligación propender a que tales infantes no abandonen el sistema escolar, acompañándolos y reinsertarlos si es que tropiezan, para que así no sobren ni sigan bailando al compás de la cautiva música de la delincuencia.