El Gobierno anunció este lunes una serie de medidas para enfrentar la situación en la macrozona sur y la escalada de violencia que se ha generado en el sector. En primer lugar, informó que se aplicará un Estado de Emergencia “acotado” para las carreteras y caminos.
El siguiente es el Plan del Buen Vivir que tiene tres ejes y que fue presentado por la Ministra del Interior, Izkia Siches:
• Nuevo mecanismo para restitución de tierras El primero de ellos aborda una demanda muy sentida, que es la restitución de tierras. Se ha duplicado la destinación de recursos fiscales a Conadi para este fin, pasando de $17 mil millones a $35 mil millones. Representa el gasto más grande de los últimos 30 años. Se está considerando la adquisición de 20 mil hectáreas de predios forestales, en 39 predios que irán en beneficio de 19 comunidades. Esta tarea estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que dentro de tres meses debe iniciar el proceso de compras.
• Parlamentos territoriales: El diálogo es el segundo componente esencial de esta agenda. Se impulsarán parlamentos territoriales que reconozcan a las autoridades propias indígenas y a los actores del territorio, con el objetivo de generar acuerdos para responder tanto a la demanda territorial como asuntos relacionados con vivienda, gestión urbana, telecomunicaciones, entre otros. Se ha solicitado el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas para estos encuentros interculturales, que tendrán lugar en el mes de julio.
• Seguridad
– En conjunto con la Policía de Investigaciones y Carabineros el gobierno está abordando el aumento de delitos que se cometen en la Macrozona Sur y cuya pronta solución permitiría avanzar en disminuir los efectos del Crimen Organizado en la zona. Es por esto que el Ministerio Público se ha comprometido a designar un fiscal especial con dedicación exclusiva para investigar robo de madera y narcotráfico en las regiones de Biobío y Araucanía.
– La inseguridad en las rutas y los bloqueos de carretera por parte de grupos de interés ponen en riesgo la seguridad de la ciudadanía y el abastecimiento de la zona sur. Por lo anterior, el Estado destina a sus efectivos policiales al cuidado de las carreteras, dejando de usar esos efectivos en el cuidado de las personas y sus comunidades. El gobierno ha decidido hacer uso de todas las herramientas que posee el Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos. Así, el gobierno decreta un Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, acotado a las carreteras y restringiendo en la menor medida posible los Derechos Fundamentales de las personas. Se dispondrán una una serie de medidas destinadas a combatir a los grupos criminales que atemorizan a las comunidades y atacan civiles.
Adicionalmente, de manera interministerial, se está impulsando más de $200 mil millones de inversión pública destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades y ayudar a la reactivación económica en la región de La Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío en la región del Biobío. En particular, esta suma cubre iniciativas de obras públicas, agua potable rural, mejores capacidades en materia de salud, entre otros.
