Un 12% disminuyeron las denuncias y casos por homofobia y transfobia en Chile en 2021, la primera baja en 8 años que coincidió con la aprobación del matrimonio igualitario y el cierre de un largo capítulo de 30 años de lucha sistemática por la igualdad de derechos emprendida por el Movimiento de LGBTIQA+, reportó el XX Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual de Género dado a conocer por el Movilh.
“El 2021 es, por donde se mire, el año cuando la causa LGBTIQA+ cerró un capítulo, el más difícil de su historia, que pasó desde el rechazo total del Estado y de la sociedad a cualquier asomo de las orientaciones sexuales o identidades de género diversas, hasta una apertura que reconoce derechos a todas las familias y protege con herramientas jurídicas, perfectibles o no, a todas las personas”, señaló el Informe.
La investigación añadió que el 2021 fue muy particular, con dos momentos, uno previo al 1 de junio y uno posterior a esa fecha cuando se dio suma urgencia a la tramitación del matrimonio igualitario, hecho que cambiaría radicalmente el balance general de un año cuando ocurrieron 50 hitos que marcaron la historia de las personas LGBTIQ+, 43 de los cuales fueron positivos y 7 negativos.
“Hechos puntuales y otros más generales coincidieron y confluyeron en un mismo momento y permiten, sin lugar a dudas, concluir que la lucha de los movimientos LGBTIQA+ cerró un ciclo, una etapa, dejando felizmente bases sólidas para futuras y nuevas transformaciones, siendo sin duda el aporte más significativo la mayoritaria aceptación y comprensión de la diversidad que existe entre los habitantes de Chile, una transformación cultural de décadas que cumple también su ciclo e inicia nuevos desafíos”, apuntó la investigación.
Los casos de discriminación
En 2021 se conocieron 1.114 denuncias o casos de discriminación, que corresponden al 16,8% del total de 6.620 atropellos a los derechos humanos de las personas LGBTIQA+ ocurridos en los últimos 20 años.
Las denuncias o casos de discriminación del 2021 se dividen en 3 asesinatos, 78 agresiones físicas o verbales perpetradas por civiles lejanos o desconocidos por las víctimas, 12 atropellos policiales, 106 casos de homo/transfobia laboral y 12 educacional, 391 episodios de marginación o intentos de exclusión institucional, 12 campañas contra las personas LGBTIQA+, 55 episodios de negación de derechos en espacios públicos o privados, 135 abusos comunitarios (familia, amigos/as, vecinos/as), 1 segregación en el ámbito de la cultura, espectáculo o medios de comunicación y 309 discursos o declaraciones de odio.
Del total de denuncias o casos por discriminación, el 19% afectó a gays, el 13,2% a lesbianas, el 11,4% a trans y el 56,4% a la población LGBTIQA+ como conjunto.
En torno a los gays, las denuncias o atropellos bajaron un -36,1%, en lesbianas un -19.6% y en trans un -7,9%. En cambio los abusos contra la población LGBTIQA+ como colectivo aumentaron un 2,4%.
En las últimas dos décadas, del total de 6.620 denuncias o casos por discriminación, el 20% afectó a gays; el 15% a trans; el 14% a lesbianas y el 51% a la población LGBTIQA+ como colectivo.
De las 11 categorías de discriminación analizadas por el informe en 9 bajaron los casos o denuncias en 2021, entre esas las que habitualmente más daño provocan a las víctimas, mientras solo 2 subieron: las declaraciones de odio y las exclusiones institucionales.
Las campañas o movilizaciones de odio bajaron un -80%, seguidas por la discriminación educacional (-63%), los asesinatos (-50%), la homo/transfobia comunitaria (familias, barrios, -46,6%), las agresiones físicas o verbales (-40,9%), los abusos policiales (-25%), la negación de derechos para el acceso a servicios o productos en espacios públicos o privados (-14%) y los atropellos laborales (-3.6%) .
Por el contrario, la discriminación institucional subió un 3,1% y las declaraciones de odio incrementaron un 47,8%.
“En el primer caso, el alza obedeció a la sistemática discusión de normas pro derechos LGBTIQA+ en el Congreso Nacional; lo cual fue rechazado por grupos anti-derechos. En tanto, los discursos de odio aumentaron solo y exclusivamente porque personas y grupos anti-derechos se movilizaron de manera inmoral y aberrante en distintos espacios luego del asesinato del niño Emilio Jara, de 12 años, responsabilizando a las personas y activistas LGBTIQA+ del crimen solo porque sus verdugos eran homosexuales. Una muestra brutal y cavernaria de la homo/transfobia que explicita la necesidad de seguir avanzando y perfeccionando las condiciones estatales y sociales para todas las personas, en tanto los peligros siempre acechan y sus impactos son altamente nocivos”, apuntó el informe.
Un total de 48 instituciones y 767 personas fueron responsables de los 1.114 casos de discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género conocidos en 2021.
A nivel institucional el Ranking Anual de la Homofobia y la Transfobia 2021 es encabezado por la Unión Demócrata Independiente (UDI), seguida por Gendarmería, la Armada, Carabineros, el Juzgado de Familia, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Partido Republicano, las iglesias católica, evangélica, musulmana, anglicana y la Comunidad Judía de Chile, entre otras.
En el plano de las personas, encabezan el Ranking los/s responsables de 3 crímenes de odio cometidos en 2021 (F.A.R.D, J.J.A.M, Karla Javiera Reyes Sanzana, Cristóbal Peñailillo García y Kimberly Aracely Muñoz Ramírez y F.J.D.S.V) seguidos por senadores/as y diputados/as de la UDI y RN, más algunos de l DC, del PRSD e independientes, así como congresistas electos del Partido Republicano.
Integran también el Ranking los magistrados del TC, Iván Aróstica, Juan Romero, Cristián Letelier, José Vásquez y Miguel Fernándesz, así como el Ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand, el Comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés De La Maza, el Almirante y ex comandante en Jefe de la Armada, Miguel Vergara Villalobos y los (pre) candidatos presidenciales Joaquín Lavín y José Antonio Kast, entre otros.
Cuatro nuevas leyes avanzan en medio de procesos únicos en el mundo
En 2021 Chile pasó a tener cuatro nuevas leyes que protegen los derechos humanos de las personas LGBTIQA+, destacando particularmente la histórica aprobación del matrimonio igualitario que marca el cierre de un ciclo en la lucha ininterrumpida iniciada hace tres décadas por los movimientos de la diversidad sexual y de género.
Junto al matrimonio igualitario, vio la luz la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior; incluyendo a las personas LGBTIQA+ como uno de sus sectores protegidos; la Ley 21.373 que derogó el divorcio culposo por homosexualidad y la Ley 21.331 sobre el Reconocimiento y Protección de los Derechos de las Personas en la Atención en Salud Mental, que prohíbe las “terapias reparativas” de la homo/transexualidad.
“Relevancia histórica y particularidades son los procesos que definen y permiten analizar los cambios legislativos del 2021, pues por un lado consolidan transformaciones revolucionarias en la concepción de familia y, por otra parte, explicitan la profunda indolencia de la clase política que se decía pro derechos LGBTIQA+, pero terminó aprobando el matrimonio igualitario y derogando el divorcio culposo por homosexualidad con una tardanza extrema”, señala el informe.
“Una demora injustificable que solo llegó a su fin, porque un presidente de Derecha, por un lado, y un poder de trayectoria homofóbica, como el Tribunal Constitucional, decidieron empujar el matrimonio y la derogación del divorcio culposo, en forma respectiva. Es una paradoja, por donde se mire”, apunta el estudio.
Añade que la aprobación del matrimonio igualitario “llegó muy tarde, casi una década después de que la mayoría de los/as congresistas; auto-declarados/as pro LGBTIQA+, se mostraran en el discurso a favor. Tan madura estaba la sociedad en torno al tema, y tan extrema fue la demora de la clase política, que hasta secuestraron las emociones en masa y por meses que provocó esta ley en los otros países donde se ha aprobado. Tantas veces se incumplió la promesa, que cuando vio la luz, no era merecedora de aplausos. Era lo esperable y lógico. Por fin”.
“Con la aprobación del matrimonio igualitario, que garantiza la filiación y adopción homoparental, en Chile quedó vigente solo una ley explícitamente homofóbica, el artículo 365 del Código Penal, cuya derogación también ha sido tardía. Es exigible que esta vez quienes se declaran pro-LGBTIQA+ actúen ya y eliminen un artículo que estigmatiza a niños, niñas y adolescentes”, redondeó el estudio.
Orientación sexual e identidad de género: irrelevante para cargos públicos
Otro aspecto que resalta el informe es la “consolidación del resultado de una de las mayores luchas que los movimientos LGBTIQA+ emprendieron desde la década de los 90, cual fue demostrar la inexistencia de incompatibilidades entre el ejercicio de algún cargo o función con determinadas orientaciones sexuales o identidades de género”.
“Al 2021 la mayoría del país tiene internalizado que ser LGBTIQA+ no es incompatible con ningún cargo o función. Además, buena parte de las personas LGBTIQA+ no tiene conflictos en asumirse públicamente, a un punto que Chile es uno de los países del mundo donde más se reconocen las orientaciones sexuales o identidades de género diversas, según estudios dados a conocer en el año”, añade el Informe.
Así es como por sus capacidades “resultaron electos/as 8 convencionales constituyentes, 2 alcaldes/as, 15 concejales 4 congresistas y 1 presidenta de un partido”, todos/as abiertamente LGBTIQA+ y a los cuales se añadieron a comienzos del 2002 dos “ministros/as designados/as por el presidente electo Gabriel Boric”.
Resabios homo/transfóbicos
Junto a la vigencia del homofóbico artículo 365 del Código Penal, el informe lamenta la persistencia de otros resabios homo/transfóbicos como son la impunidad de los uniformados frente a los atropellos a los derechos humanos, la incapacidad de los tribunales para superar su discrecionalidad y arbitrariedad y la injusticia sufrida por la docente Sandra Pavez, quien desde el 2007 fue impedida de hacer clases solo por ser lesbiana.
“Las violaciones a los derechos humanos contra personas LGBTIQA+ cometidas por funcionarios/as de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad reforzaron su impunidad en un contexto donde el Poder Político es un espectador que en nada contribuye a prevenir y erradicar estas deleznables prácticas que en 2021 cobraron una vida e implicaron torturas en Gendarmería y Carabineros y hasta intentos por re-institucionalizar la homo/transfobia en la Armada”, apunta el estudio.
A su vez, “el Poder Judicial nunca logró superar sus incoherencias en torno a los derechos de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales, dando lugar a fallos contradictorios en torno a situaciones similares, lo cual solo refleja una alta discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación y administración de la justicia”
“Por un lado, el Poder Judicial jamás dictó un fallo que reconociera a la prohibición del matrimonio a personas del mismo sexo como una desigualdad contraria a derechos garantizados en la Constitución o en tratados internacionales. Ello, muy a diferencia de lo ocurrido en otros países donde a través de sentencias pro matrimonio igualitario el Poder Judicial fue clave para hacer efectiva la universalidad de los derechos humano y la igualdad ante ley, al margen de la orientación sexual o identidad de género de las personas. Más aún, en torno al matrimonio igualitario el Poder Judicial chileno se negó sistemáticamente a aplicar controles de convencionalidad”, añade el estudio.
“Algo similar ocurrió con el reconocimiento de la doble maternidad o doble paternidad, pues si bien en algunos casos hubo fallos favorables, en otros no y solo porque algunos jueces/as consideraban ilegal tales composiciones familiares. La discrecionalidad de tipo homofóbica que daña la dignidad de familias homoparentales, se expresó en 2021 en sentencias del Juzgado de Familia y de la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso”, apunta el estudio.
Finalmente, “la profunda transformación sociocultural o política que atraviesa Chile, con un estallido social de por medio y con la ley de matrimonio igualitario aprobada, no bastaron para que el Estado reconociera el profundo daño causado a una docente en la Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH ), la cual en 2021 abordó el caso en una histórica audiencia de juicio”
“La histórica audiencia derivó en un funesto hecho inédito: todas las iglesias del país, y por primera vez en su historia, se unieron para incidir en el sistema interamericano de DDHH presentando un Amicus Curiae que defendía su ilegítima facultad de decidir quiénes pueden o no hacer clases de religión, incluso en establecimientos educacionales laicos. Y para ello, contaron con el apoyo del Estado de Chile, toda vez que jamás ha reconocido que discriminó a la docente”, concluyó la investigación.
50 hitos, la mayoría positivos
En el transcurso del 2021 se registraron 50 hitos, 43 de los cuales fueron favorables a los derechos LGBTIA+ y 7 adversos.
A los ya expuestos, se sumaron en el terreno de las políticas públicas la primera publicación del Sename que abordó la diversidad sexual y de género en niñas, niños y adolescentes (NNA); una circular de la Superintendencia de Educación que garantiza la autonomía de estudiantes trans a partir de los 14 años y el lanzamiento de los resultados del primer estudio estatal que indagó exclusivamente sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, así como el surgimiento de Oficinas de la Diversidad y la no Discriminación en los municipios de Concepción, Catemu y Lampa.
“En el lado contrario, el municipio de Valparaíso, dañó la memoria de víctimas fatales LGBTIQA+ al cuadrarse públicamente con la versión de los responsables del incendio de la discoteca Divine, quienes inventaron que el sinestro se había originado por un atentado homofóbico solo para evadir su responsabilidad en los hechos”, enfatiza la investigación.
Mientras en el terreno político destacó una reunión de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, con el Movimiento LGBTIQA+ y en el campo cultural resaltó que la Feria Chilena del Libro suspendiera las ventas del clásico “Las mil y una noches” hasta que se eliminara una homofóbica publicidad del texto, las organizaciones de la diversidad sexual y de género conmemoraron 30 años de lucha sistemática impulsando actividades inéditas y/o de alto impacto.
Así como se desarrolló el “Primer Concurso para Promover los Derechos Humanos de los/as Migrantes LGBTIQ+” y fueron lanzadosun archivo histórico sobre la realidad LGBTIQA+ en Chile, que abarca desde 1875 hasta el 2011, y los resultados del primer estudio que midió y conoció las opiniones y percepciones de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales frente al matrimonio igualitario.
En tanto, Cristóbal Paz, se convirtió en el primer niñe no binarie en dar públicamente su testimonio, tras transformarse en activista de la diversidad sexual y de género, mientras la XXI Marcha del Orgullo, la primera tras la pandemia, se perfiló como la más masiva desarrollada en Chile al conglomerar a más de 150 mil personas. A la par, por primera vez el desfile incluyó una columna de migrantes LGBTIQA+.
Finalmente, en el campo internacional, la CIDH, algunos Comité de la ONU y el Consejo de Europa llamaron a no usar las religiones para discriminar a las personas LGBTIQA+; en el contexto de las Naciones Unidas se creó el Grupo de Estados Amigos del Mandato del Experto Independiente sobre Orientación Sexual e Identidad de Género (OSIG); la OEA aprobó una nueva resolución sobre “Promoción y protección de los Derechos Humanos”, incluyendo un título sobre personas LGBTIQA; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconoció los derechos de los/as hijos/as de parejas del mismo sexo en todo el bloque, incluso en aquellos países donde no hay matrimonio igualitario;yel Banco Mundial lanzó su primer estudio sobre los DDHH de las personas LGBTIQA+.
