Un modelo de regionalización que ya ha sido probado con éxito en otros países, que logra una efectiva distribución del poder civil a lo largo del territorio nacional y que no es disruptivo con la organización actual del Estado, es el que se debate en la Convención Constitucional, y que fue analizado por el profesor Osvaldo Henríquez, académico de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Talca y especialista en este tipo de políticas.
“La descentralización es una de las alternativas para distribuir el poder público y los ingresos, a través de una reorganización de la administración territorial del Estado”, señaló.
En este sentido, precisó que, existen tres elementos a tratar cuando se avanza hacia la descentralización de un país: la mejor adecuación de la acción estatal a las necesidades locales; el acercar el Estado al ciudadano permitiendo que participe en la administración de sus comunidades; y promover una distribución más justa de la renta nacional o de las condiciones de vida.
“El Estado Regional propuesto es un modelo unitario bastante descentralizado, que se caracteriza por la autonomía regional y que se implementa como forma de reconocer las diferencias territoriales y las complejidades de la administración actual”, señaló.
“Es un modelo que se inspira en países como España, Italia o Bolivia, donde funciona sin mayores dificultades”, aseveró.
Sistema en debate
De acuerdo a Henríquez, la Convención se propuso avanzar a un nivel de descentralización cercano al 70%. Definiendo la región como una entidad territorial, con la existencia de un gobierno regional como corporación pública, una estructura de administración basada en ministerios y servicios regionales, la Asamblea Legislativa Regional con competencias deliberativas y legislativas, y un sistema financiero regional.
Pero este concepto ha ido decantando con el paso de la discusión, según indicó el académico. “Al principio el análisis era más teórico, pero luego las Asambleas Legislativas Regionales se fueron pareciendo al Consejo Regional actual, y los servicios públicos y ministerios regionales, que se iban a crear desde cero, se fueron pareciendo más a las actuales Seremías y servicios públicos existentes”, afirmó.
Y agregó que, la nueva Constitución establecerá la región autónoma como una entidad territorial no originaria ni soberana, y que se constituye al amparo de la Carta Fundamental, bajo el principio de autonomía financiera y la impronta plurinacional e intercultural.
Avances previos
Pero el avance en descentralización ya viene desde hace algunos años, según el especialista, con un Estado que ha ido avanzando dentro de un modelo unitario con autoridades electas por la ciudadanía. “La importancia de esto es que los que administran el sistema público regional, sean aquellos representantes de los territorios y no del nivel central, y que las instituciones dispongan de los recursos necesarios para proyectos de desarrollo regional. Chile, actualmente, ya no se puede considerar un Estado centralizado, verticalista y jerárquico, en lo absoluto”, afirmó.
En este sentido, expresó, uno de los mayores cambios en un modelo descentralizado es el reemplazo del principio de simetría institucional. “Un país descentralizado se caracteriza por una mayor autonomía financiera, administrativa y política, donde las regiones puedan generar ordenanzas de aplicación general, que permitan reglamentar, a través de la facultad deliberativa del Consejo Regional (CORE)”, finalizó el experto.