La querella presentada hace un poco más de un mes por la alcaldesa de la comuna, Nery Rodríguez Domínguez, en contra del ex edil por una serie de delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, cohecho pasivo, otros tipos de cohecho, asociación ilícita, negociación incompatible, fraude de subvenciones, prevaricación administrativa y falsificación de instrumento privado; está avanzando en los tribunales de justicia.
“Esta es una buena señal de que la justicia está avanzando y que el trabajo que realizó el equipo jurídico asesor de la municipalidad recopilando hechos, datos y testimonios avalan delitos que hoy están en manos de los tribunales. Creemos y queremos que no habrá impunidad ante lo ocurrido durante estos 12 años”, señaló la alcaldesa Nery Rodríguez.
Este lunes 22 de noviembre se efectuó la primera audiencia de cautela de garantías realizada a solicitud de los abogados Isidro Solís Palma, exministro de justicia y Felipe Polanco Zamora (defensor de Natalia Compagnon en el caso Caval), ambos defensas de Muñoz Rojas; para levantar el secreto de la investigación que está llevando adelante fiscalía, además de alegar el acceso que ha tenido la prensa a la presentación de esta querella.
Ambas terminaron siendo rechazadas por el Tribunal de Garantía de Cauquenes, manteniendo el secreto de investigación, acogiendo el argumento del abogado querellante Rodrigo Hernández quien manifestó que dicho secreto “debía mantenerse considerando las influencias del ex alcalde en la comuna, e incluso las conductas de sus familiares vinculados a política, y sus apariciones en prensa defendiendo estos actos”, pudiendo afectarse eventualmente el curso del proceso. Lo anterior, sumado al hecho de que la teoría del caso del querellante es que la investigación no recae sobre delitos cometidos de manera aleatoria, sino a una conducta general delictiva del ex edil que en opinión del abogado, “habría aprovechado la institucionalidad municipal para cometer varios actos de corrupción”.
Por su parte, el propio abogado querellante, junto al fiscal del ministerio público presente en la audiencia Juan Pablo Pereira, solicitaron al Tribunal acceder al correo electrónico personal que ocupaba Muñoz Rojas y a su computador personal, puesto que el ex edil no utilizaba correo institucional ni dispositivos municipales formales, a lo que el tribunal igualmente accedió.