La Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la Acusación Constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por negociación incompatible, con lo cual el libelo pasa ahora al Senado donde será debatido en los próximos días y tras lo cual el Mandatario podría ser destituido de su cargo.
La aprobación se logró por 78 votos a favor y 67 en contra, el mínimo necesario para ello, luego de una maratónica sesión que se prolongó por más de 22 horas y donde la presentación acusadora del diputado Jaime Naranjo duró más de 15 horas para dar tiempo a los parlamentarios que estaban en cuarentena de llegar al hemiciclo.
Tras casi 15 horas y media de exposición, el diputado Jaime Naranjo (PS), en representación de la parte acusadora, presentó las argumentaciones que son parte y fundan las imputaciones de la acusación constitucional en contra del Presidente de la República, Sebastián Piñera.
Después de expresar algunas apreciaciones particulares, el legislador entró a comentar los alcances de los dos capítulos del libelo. En dicho contexto, repasó los negocios y la forma en la que el Mandatario opera. Particularmente, hizo mención a los casos de Bancard y Exalmar, que fueron parte de una comisión investigadora de la Cámara, donde se cuestionó el tema del fideicomiso ciego.
Estimó que no solo ha podido acceder a la información de su cartera de negocios, sino que tenía derecho a ello. “Sería un eventual conflicto de interés”, apuntó el diputado.
Entrando al tema de los llamados “Pandora Papers”, dijo que estos vienen a complementar los hechos del caso Exalmar. Además, dan lugar a la apertura de la investigación por parte de la Fiscalía, la cual tiene al Presidente en calidad de imputado. En ese marco, leyó íntegramente una minuta del Ministerio Público en las cual se involucra a actividades desarrolladas por Piñera.
Explicó cómo se dio a conocer, por medio de los Pandora Papers, la filtración de 12 millones de documentos sobre las fortunas de personas poderosas. Ello incluye a más de 330 políticos de 90 países. Junto a ello, aporta detalles técnicos y legales relativos al uso de información privilegiada.
Actuaciones cuestionadas
Aludiendo la investigación del Ministerio Público, dijo ante la Sala que se presume en el caso de Dominga una negociación incompatible y uso de información privilegiada. “Actuando como Presidente se benefició y a su familia de modo directo, con información que tenía en el ejercicio de su cargo. Y siguió negociando e hizo subir el precio de Dominga”, comentó. Naranjo.
Mencionó variados puntos del negocio entre la familia de Piñera y sus contrapartes. Pero, hizo un especial hincapié en dos aspectos. El primero apuntó a que la firma de la venta debía realizarse en las Islas Vírgenes, de modo que -según el diputado evaluó- se pudieran evadir el pago de impuestos. Lo segundo, a que el grueso del dinero se cancelaría en el momento de la transacción, pero el remanente se pagaría en tanto se cumplieran ciertas condiciones.
Sobre dicho punto, el legislador remarcó que las condiciones pasaban porque no se estableciera una zona de exclusión ambiental en el área abarcada por el proyecto minero y sus obras relacionadas.
Barrancones y otros alcances de Dominga
Ligado a lo anterior, Naranjo explicó en el hemiciclo el caso de la Central Térmica Barrancones. Dicho proyecto, pese a tener una aprobación del sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA), fue descartado tras involucrarse el propio Presidente en solicitar que fuera relocalizado, hecho que terminó con que la empresa desestimara la iniciativa.
Al respecto, Naranjo cuestionó la participación de la comunidad agrícola Los Choros, donde Piñera y algunos de sus amigos tienen participación. Agregó que dicha sociedad ya contaba con un acuerdo para una prospección minera de Dominga. En tal plano, afirmó que es una prueba de que el Mandatario intervino directamente para beneficiar a Dominga.
Luego, el diputado relató los pasos que se siguieron en el negocio, involucrados, montos e hitos del proceso. Asimismo, explicó con pormenores el difícil paso que tuvo por el SEIA y las recurrentes negativas para su aprobación. Así, acusó vicios por parte del Comité de Ministros para resolver sobre su tramitación.
Continúo haciendo alusión a la repercusión que tendría el proyecto Dominga en la comuna de La Higuera y entregó datos aportados por Greenpeace. Detalló el impacto que tendría en la flora y fauna marina, costera y terrestre. Un ejemplo de ello sería en la población de pingüinos de Humboldt (80% de su población mundial habita en el lugar).
Junto a lo anterior habría afectación en la salud de las poblaciones humanas adyacentes, así como en sectores patrimoniales y arqueológicos, entre otros puntos.
Igualmente, dijo que la no suscripción del Acuerdo de Escazú vino a sumar un nuevo hito en este marco. Ello ya que la firma del tratado implicaría no dar a lugar a la viabilidad de la iniciativa minera. “El proyecto avanza y el acuerdo está paralizado”, planteó el legislador, aludiendo a la influencia del Mandatario para favorecer la concreción de Dominga.
Juicio político
A seguir, el legislador revisó el perfil de los inversionistas del cuestionado negocio. En este punto, insistió en que hubo una participación cuestionable del Presidente, con un actuar poco ético y avanzando en una negociación incompatible con su cargo. A esto, se sumarían vicios en el trámite del negocio propiamente tal que no habrían frenado su realización.
En cuanto a la responsabilidad constitucional del Presidente de la República, el diputado defendió el carácter político de esta herramienta. Agregó que los hechos imputados han “afectado gravemente el honor de la nación” y que el poder de acusar radica en la Cámara, que representa a los ciudadanos. En tal perspectiva, reconoció que este es un juicio político y resaltó que una causal es haber infringido severamente la Constitución y las leyes (capítulo I de la acusación). Según estimó, habría prácticas reiteradas al principio de probidad.
En cuanto al capítulo II, comprometer el honor de la nación, aseguró que se afecta por “omisiones culpables de nuestras obligaciones jurídicas internacionales”. Esto quedaría demostrado en las “miles de publicaciones internacionales” donde se da cuenta de las prácticas cuestionables del Mandatario en materia de negocios y cuidado del medio ambiente.
Otras consideraciones
Naranjo dijo que el Mandatario incurrió en actos que infringen abiertamente reglas constitucionales. En este plano reiteró el tema de la mencionada cláusula del contrato sobre el último pago, condicionado a que no se presentaran obstáculos al proyecto.
Asimismo, reiteró el secretismo del fideicomiso ciego, lo que lo habría posibilitado a accionar con información privilegiada.
“En definitiva, los hechos que se imputan a través del presente libelo son conductas realizadas en el presente periodo presidencial. Atentan de forma manifiesta con el principio de probidad establecido a nivel constitucional y legal por cuando han configurado un conflicto de interés entre lo político y lo privado. Y las decisiones tomadas en este contexto han favorecido los intereses de privados. No de cualquier privado, sino de personas que forman parte del núcleo cercano del Presidente de la República, como puede ser su familia directa o sus amigos cercanos, como es el caso del señor Carlos Alberto Délano”, sentenció.
Sostuvo que la aprobación del proyecto Dominga ha sido posible por la mantención de un estado de intangibilidad de normas ambientales. Planteó que ello pudo afectar la viabilidad o autorización de la iniciativa, recordando el tema de la citada cláusula contractual. Se suma a lo anterior, actuaciones de las autoridades de la época; omitir dictámenes; no favorecer la fijación de un área de protección; y el no suscribir acuerdos internacionales.
“Creo que hemos entregado argumentos sólidos y antecedentes que enseñan, claramente, que la acusación que hemos presentado tiene bases en las cuales sostenerse. Yo espero que esta Sala las pueda aprobar mayoritariamente”, concluyó.
Tras el término de la exposición del diputado Naranjo, se inició la presentación de la defensa del Presidente, a cargo del abogado Jorge Gálvez.
Defensa de Piñera
“Tengo el enorme honor de alegar en representación del Presidente de la República y solicito desde ya rechazar esta infundada acusación constitucional”.
Así comenzó su alocución el abogado Jorge Gálvez, representante del Presidente de la República Sebastián Piñera, quien desestimó la procedencia del texto en sus alegaciones de hecho y de derecho.
El profesional fue categórico al cuestionar no solo el tenor de la acusación constitucional, sino que también la forma en la que se dio el debate en sala, tras las casi 15 horas de exposición del diputado acusador, Jaime Naranjo.
“El carácter de maniobra de esta acusación no es ni siquiera disimulado… nada de lo ocurrido en esta sala acerca a la ciudadanía a la política, sino que por el contrario profundiza la desconfianza”, expresó.
Cuestionamientos al libelo
El abogado Gálvez sostuvo que el documento tiene, en sus fundamentos, una serie de falencias de forma. Precisó al respecto que no se puede hacer caso a una acusación constitucional cuando esta invita a hacer solo un juicio político. Criticó que se dejara de lado las consideraciones jurídico – constitucionales.
Asimismo explicó que la responsabilidad punitiva debe considerarse por actos cometidos por el acusado y no por otros. Debe tratarse de hechos propios, directos y controlados, no de hechos de terceros o de familiares
A ello se agrega que el texto no hace referencia a causales o hechos específicos, sino que meras conjeturas, que tratan de trasladar la carga de la prueba en la defensa.
“Deben considerarse los principios de legalidad, culpabilidad y debido proceso; ninguno ha sido respetado en esta acusación”.
Gálvez indicó además que se vulnera el principio de última ratio porque se acusó para investigar. Se atribuyó a la persona del presidente un determinado hecho sin la existencia de pruebas; “lo que correspondía, si existían dudas, era utilizar otros mecanismos como por ejemplo una comisión investigadora. Primero hay que investigar y luego acusar; pero claro, una comisión investigadora no tiene el efecto electoral que tiene una acusación”.
El jurista señaló además, que la acusación generaría responsabilidad internacional para el Estado de Chile, al vulnerar los derechos humanos del acusado. Esto al perseguir su inhabilitación por 5 años, sobre la base de hechos no comprobables.
Agregó que la acusación se basa en hechos ocurridos en el anterior periodo presidencial. Por tanto, se trata de situaciones no susceptibles de fundar las causales que se determinan.
Otros argumentos
El abogado defensor hizo referencia al cuestionado tratado de Escazú, sosteniendo que el mandatario al no firmarlo, hizo uso de una prerrogativa constitucional, sobre la base de sus consideraciones respecto de los intereses de la nación. Al respecto recalcó que la firma o no de un tratado, es un acto de Gobierno, no de administración. En esa línea desestimó además la temporalidad de los hechos que se imputan.
Asimismo descartó que el mandatario interviniera en la decisión de venta del proyecto minera Dominga, o que se hubiera negado a firmar un decreto de área marina costera protegida para la zona de La Higuera, donde este se emplaza.
Tampoco lo hizo en la aprobación de las autorizaciones medioambientales correspondientes, las que siguieron un exhaustivo proceso, que cumplió con las etapas contempladas en la normativa vigente.
Sostuvo también que la omisión de la que se le acusa al jefe de Estado no procede, ya que los acusadores asignan una intencionalidad dolosa o al menos irregular, que el mandatario no tuvo.
Consideraciones finales
En cuanto al proyecto que presentó la ONG Oceana para declarar la zona como área protegida, el profesional dijo que no es efectivo que ello no fuera considerado por razones políticas. “No es efectivo que el Presidente Piñera haya desarrollado alguna acción para impedir la protección ambiental en la zona”.
Finalmente, respecto de la imputación de uso de información de uso de información privilegiada, el abogado defensor precisa que el texto de la acusación intenta traer a tiempo presente una circunstancia ocurrida entre los años 2010 y 2011, correspondiente a una negociación entre empresas privadas, donde el Presidente de la República no tuvo participación ni conocimiento alguno.
Puntualizó que desde el año 2009, Sebastián Piñera se desligó absolutamente de la gestión y administración de las empresas en que participaba y constituyó fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros propios y de su familia.
El abogado Gálvez concluyó su intervención llamando a los parlamentarios a rechazar el libelo. “Aprobarlo significaría un golpe a la institucionalidad que puede dejar heridas no solo para el próximo, sino que para los próximos gobiernos”, sentenció.
