Con los votos a favor de los senadores Pedro Araya, Alfonso de Urresti y Francisco Huenchumilla y los votos en contra de los senadores Luz Ebensperger y Rodrigo Galilea, la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el proyecto que modifica la carta fundamental para autorizar, por cuarta vez, el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos previsionales.
Con esto, la iniciativa quedó en condiciones de ser sometida a consideración de la Sala y según explicó el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya, la fecha en que se analizará por el pleno es decisión de los comités parlamentarios.
En la sesión estuvieron presentes también los senadores Carlos Bianchi y Loreto Carvajal.
Fundamentos
La primera en fundamentar su voto fue la senadora Luz Ebensperger quien señaló que la iniciativa tiene problemas de forma y de fondo, pues estima que la reforma es inconstitucional -ya que sería iniciativa exclusiva del Presidente de la República- y el quorum para su aprobación debiera ser de 2/3, es decir 29 votos, y no 3/5, que son 26 sufragios.
Agregó que «esta es la peor política pública y este proyecto va a afectar en forma negativa a muchas más personas que aquellas que creen beneficiarse por hacer un cuarto retiro, la política de los retiros atenta contra el principio de cotización obligatoria…no avancemos en más retiros y de una vez por todas sentémonos a modificar el sistema previsional».
Luego el senador Rodrigo Galilea dijo que «este proyecto provoca un deterioro inmenso en el ahorro de las personas y en lo que tiene que ver con las rentas vitalicias…esto genera inflación y beneficia los segmentos más acomodados, los que han tenido pega de manera más permanente…daña de manera inmediata las rentas vitalicias, es una confiscación de fondos».
Agregó que «como esto genera muchísimos más daños que el beneficio que pretende entregar, voto en contra»
Una opinión distinta entregó el senador Alfonso De Urresti, quien manifestó que el debate de fondo es que este sistema fue creado sin participación democrática y «la gente no confía en él…se perdió la confianza».
Indicó que «lo que más deseo es que en el debate presidencial, quien sea Presidente o Presidenta y todo el arco político tengamos un sistema previsional a la altura de este país, pero sin vetos…espero que se le dé la celeridad correspondiente para que se peda votar la próxima semana en tabla»
A su turno, el senador Francisco Huenchumilla, manifestó su disconformidad con la idea de votar solo en general este proyecto y no también en particular antes de llevarlo a la Sala. «Me parece que deberíamos haber expuesto nuestras posturas y posiciones claramente ante el país, porque con la presentación de indicaciones, esto se va a votar después de las elecciones».
Asimismo, dijo que «los empresarios tienen que entender que este modelo terminó su ciclo. Más allá de todas las explicaciones económicas, los empresarios tienen que entender que a este sistema la gente no le cree absolutamente nada, se deslegitimó»
En tanto, el presidente de la Comisión, senador Pedro Araya reiteró su postura respecto del quórum que se requiere para aprobar esta reforma, señalando que es de 3/5 (26 sufragios) y que es constitucional pues «los parlamentarios no tienen límites en lo que respecta a presentar reformas constitucionales».
Agregó que «este cuarto retiro, es el retiro de la clase media, para poder nivelar la cancha y alivianar la carga de muchas familias» y pidió a los senadores a abrirse a aprobar esta iniciativa en general, para luego hacer algunas modificaciones, argumentando que «si hay voluntad en el Senado, puede ser posible que generemos un proyecto que ayude a las familias».
Alcances de la medida
Previo a la votación, la Comisión escuchó a la presidenta de la Asociación de AFP Chile, Alejandra Cox, y al vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), Manuel Riesco. Mientras la primera se refirió a los efectos que puede traer el cuarto retiro en las AFP’s, el segundo defendió la iniciativa señalando que es una de las mejores políticas públicas.
Alejandra Cox señaló que un nuevo retiro produciría daño en «las pensiones futuras, en las pensiones de retiro programado, una brusca caída en el valor de los activos chilenos y alarmantes efectos en los hogares chilenos», como el menor valor del peso frente al dólar y alzas en tasas de interés de créditos hipotecarios.
Indicó que de concretarse un cuarto retiro se llegaría a un total de 65 mil millones de dólares entre todos los anticipos de fondos, lo que se representa un 70% del presupuesto 2022, además de producirse un daño previsional equivalente a 7 años menos de cotización entre los hombres y 8 años menos en el caso de las mujeres.
Sobre el impacto en los ahorros previsionales, dijo que 5 millones de afiliados quedarían sin fondos (después de todos los retiros), 1 millón 156 mil personas retirarían menos de 100 mil pesos; 2 millones 300 mil personas retirarían menos de 500 mil pesos; y 2 millones 785 mil personas sacarían el 100% de su saldo.
Por su parte, Manuel Riesco dijo que al autorizar los retiros anteriores el Parlamento impuso su autoridad democrática «frente a la feroz resistencia de un grupo de empresarios super enriquecidos a costa de millones de jubiladas abusadas durante años».
Manifestó que los retiros «han sido una de las mayores medidas de impacto positivo» y la política de reactivación económica más importante, pues ha permitido mejorar la distribución del ingreso en la población nacional.
En su opinión, las autoridades económicas chilenas están cometiendo errores al cercenar programas, reducir el presupuesto en un quinto y subir las tasas de interés, medidas que pueden llevar a una recesión. En tal sentido, dijo que «al aprobar un cuarto retiro, el Parlamento evitará que las malas políticas públicas provoquen una nueva recesión…este cuarto retiro continuará reparando el abuso que ha infringido el ahorro forzoso de las AFP’s»
Por su parte el Ministro de Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero y el Superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, reiteraron sus argumentos en contra del proyecto, por los efectos que tendría en las pensiones.
