“Ya son más de 3 millones los afiliados que no tienen un peso en sus cuentas individuales y si este cuarto retiro prospera serán muchos más. Esto significa que estamos condenando a esas personas a tener pensiones aún más precarias de lo que ya son. Es lamentable que haya parlamentarios que no entienden el daño que le están provocando a miles de chilenos”, dijo la presidenta de AGAP, Ann Katharine Clark.
A juicio de la dirigenta gremial, los retiros previsionales “no sólo consisten en una solución parche, que afecta el futuro de las pensiones, sino que además repercuten negativamente en los fondos de todos los pensionados que hoy deben vivir de esos recursos, que se han visto consistentemente mermados por estas malas decisiones”. Lo anterior, en alusión a la rentabilidad negativa que acumula el fondo E como consecuencia de estos retiros, entre otras razones. Entre enero y agosto de 2021, dicha cartera acumula una pérdida de 10,07%, según la Superintendencia de Pensiones.
De cara a los próximos pasos que deberá enfrentar el proyecto, la presidenta de AGAP pidió a los senadores que no aprueben la iniciativa. “Esperamos que en el Senado prime el interés colectivo, se rechace el cuarto retiro, y nos pongamos de una vez por todas a trabajar en los cambios de fondo que el sistema de pensiones necesita en forma urgente para ofrecer jubilaciones dignas”, sostuvo Ann Katharine Clark.
Al respecto, reiteró su llamado al gobierno a incluir en la Ley Corta de Pensiones la flexibilización de los requisitos para acceder a la jubilación anticipada, propuesta que AGAP viene realizando desde el año pasado.
“Una alternativa que podría dar soluciones permanentes a un grupo importante de afiliados que hoy se encuentran sin trabajo y que están solventando sus gastos a duras penas es la pensión anticipada para las personas que estén a menos de 10 años de cumplir con la edad legal para jubilarse”, explicó Clark.
De acuerdo a la Asociación Gremial de Asesores Previsionales, podrían acceder a esta opción quienes tengan ahorros suficientes para financiar el 70% del ingreso mínimo imponible. Lo anterior permitiría a los trabajadores de mayor edad contar con un piso de ingresos, complementario a otras actividades remuneradas que puedan desarrollar.
