La vivienda es una necesidad, no un negocio, sin embargo, en nuestro país, el mercado la ha transformado en un bien de consumo y no en un derecho humano.
En el Chile bajo un modelo subsidiario, la vivienda social es solo un bien material que los pobres obtienen mediante su participación en los programas de subsidios. Reconozco que la política de los subsidios me parecía incuestionable, sin embargo, el estallido social ha permitido analizar con mayor detención cómo distintas políticas públicas y sus resultados han consolidado un modelo neoliberal lleno de desequilibrios sociales, más que la solución de un derecho social básico.
El problema de los subsidios es que a través del aporte del Estado se ha potenciado un mercado inmobiliario en desmedro del derecho social a la vivienda, donde los grandes beneficiados son los bancos a través de los créditos hipotecarios con los que captan deudores cautivos por años, y las inmobiliarias que gracias a este sistema empujado con subsidios aumentan su oferta con motivo de una mayor demanda, produciendo como resultado un aumento sostenido de los precios de la vivienda en Chile.
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Aun cuando la idea del subsidio a la vivienda pudo haber logrado buenos resultados en un inicio, al entrar al juego de la libre oferta y demanda, inevitablemente en el tiempo generaría un desequilibrio social haciendo de la misma un bien alcanzable solo para un grupo acomodado de chilenos.
Este aumento en los precios ha transformado el derecho social de la vivienda en un activo de renta fija a largo plazo. Como efecto en cadena, aparecen los rentistas o superdueños, personas de ingresos medios y altos que atraídos por los buenos precios adquieren viviendas para arrendarlas y obtener rentas. Sin saberlo terminan influyendo sobre el acceso a la vivienda, en tanto inflan sus precios al aplicar un poder de compra en barrios donde no vivirán, además de capturar la oferta de vivienda disponible.
Es decir, el mercado de la vivienda ha derivado en un espacio de especulación financiera, presionando los precios al alza y reduciendo el acceso de los grupos medios y bajos, quienes no califican ni para subsidios focalizados, ni para créditos hipotecarios. Esto es, a lo menos, indicativo de que los subsidios no lograron controlar el déficit del mercado habitacional y menos reducir el precio de la vivienda, al contrario, producen que estos precios aumenten distanciando cada vez más el derecho a una vivienda digna a miles de chilenos postergados.
El problema no es el mercado inmobiliario, sino que el Estado, que en su modelo subsidiario ha privatizado la solución de la vivienda en Chile, generando grandes ganancias para las inmobiliarias, pero manteniendo y acrecentando el déficit de vivienda social. Un catastro de principios de año de Un Techo Chile indicó que 81.643 familias viven en 969 campamentos, la cifra más alta desde 1996.
El mercado inmobiliario se basta a si mismo, no requiere subsidios. Urge entonces que el aporte estatal a la vivienda no derive en lucro para privados sino en la solución efectiva de una vivienda digna para Chile.
Para esto, el Estado debe generar directamente una política de acceso a la vivienda, que puede ser en propiedad, arriendo o, ante circunstancias más críticas como desempleo, subempleo, precariedad laboral o exclusión social, se pueda optar a la vivienda social pública. En vez del subsidio, que solo ha potenciado el mercado privado de la vivienda, el Estado debe contar con un parque de vivienda de patrimonio fiscal, ya sea por la adquisición directa que permita levantar un stock que genere mecanismos de venta o arriendo a precios ajustados a los ingresos de los hogares, o mediante la construcción de vivienda pública en suelo fiscal, licitando la obra gruesa a empresas locales —con utilidades conocidas, fiscalizadas y adecuadas—, y las terminaciones a cooperativas formadas por las mismas comunidades organizadas.
Cuando se discuta en la Convención si este derecho social debe garantizarse en nuestra futura Constitución, no significa que sea el Estado el que done casas, pero sí el que promueva como eje fundamental del desarrollo social una comunidad más igualitaria potenciada en su base primaria, la cual no es otra que una vivienda digna y sin especulaciones.
