La educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo.
NelsonMandela
(1918-2013)
Chile a fines de los años 70 tenía una tasa de alfabetización del 88,3%, es decir un 11,7% de su población no sabía leer, escribir o había cursado niveles elementales de instrucción. El ultimo informe de las Unesco con respecto a nuestro País muestra una ventajosa evolución, subiendo este indicador al 96.40%, situándolo en el lugar número 54 en el planeta.
Si bien la cifra es alentadora, los 53 países que nos anteceden pertenecen a economías desarrolladas o en franco crecimiento.
No obstante lo anterior, la educación en Chile desde un tiempo a esta parte mutó desde el derecho a obtenerla a la posibilidad de adquirirla. Demás está recordar la frase del actual Presidente de la República en su primer periodo, que aseguraba que la Educación en Chile, era “un bien de consumo”, es decir en otras palabras una mercadería transable y que se podía adquirir a libre elección en una carta de posibilidades que podrían ofrecer entes privados, a los cuales incluso se podía acceder sin un protocolo previo de evaluación, como fue la PAA, que después se llamo PSU y hoy PTU o prueba de transición universitaria.
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De esta forma, el primer factor que primaba para definir la elección no era la aptitud y preparación del postulante, sino que la capacidad que este tenía para pagar por su futuro. No es materia de este comentario hacer referencia a la fragmentación o brecha educacional que se provocó en el país, donde las instituciones de mayores recursos definían la calidad y las otras lo que podían entregar. Conocido es el distanciamiento académico existente hoy en día entre los colegios públicos y privados, que hacen aún más difícil acceder a educación superior a quienes tienen menos, ya que se encuentran afectados por dos circunstancias, primero el conocimiento y segundo el financiamiento.
Así las cosas, el mercado había fijado la primera de sus reglas; la Educación debía comprarse.
En la educación superior, esa máxima, desató la oferta, las Universidades tradicionales crearon el arancel diferenciado, una especie fórmula para referirse a la libertad del precio, en desmedro del arancel referencial, que defina el costo promedio y aceptable de una carrera durante el tiempo de que duraba su periodo lectivo, valores que incluso alcanzan en algunos casos a un aumento del 30 y 40% más caro del segundo con respecto al primero.
Además, la oferta se expandió a los centros de formación técnica e institutos profesionales, que pusieron la mirada en aquellas personas que desechaba el sistema de selección tradicional y que eran susceptibles de captar en una segunda ronda de ofertas.
Pero las entidades superiores, no sé si con intención o no, descuidaron algunos fenómenos subyacentes a la actividad académica.
El primero era el endeudamiento, que podía ser resuelto por la vía de un crédito directo desde las instituciones de educación superior, o la alternativa de la banca privada, que vio con muy buenos ojos la utilidad que le reportarían los créditos CAE, cuya tasa posteriormente se modificó, no dejando de ser abusiva.
El segundo fenómeno, la sobrepoblación de la oferta profesional, que provocó llenar el mercado de profesionales, donde la calidad ya no importaba, sino el precio de los servicios que el mismo mercado fijaba, una definición sui generis de la llamada oferta y demanda.
Actualmente, existen escuelas profesionales, que deberían cerrar las puertas de egresados por varios años, para lograr ocupar a todos aquellos que salieron de sus aulas con un grado académico y no encuentran trabajo.
Pero el daño más grande se provocó en instituciones que sencillamente engañaron a sus postulantes, ofreciendo lo que no podían entregar, en proyectos que no eran viables y que posteriormente les implicó cerrar sus puertas, dejando a todos estas personas a medias, endeudados y sin ninguna posibilidad de recolocación alternativa, ya que su preparación era de tan mala calidad que lo más conveniente era que estos ejecutaran una nueva postulación.
Universidades como la de Viña del Mar, que se atrevió a disponer a libre elección carreras de la salud, específicamente Medicina, sin contar con campos clínicos; Arcis, una universidad que, por su concepción social, nunca debió entrar al mercado como un oferente de productos académicos y últimamente la Universidad de la República, fundada por un reconocido hasta hoy bastión moral de la sociedad, cierra sus puertas porque el proyecto no le es viable, a pesar de haber aceptado su matrícula 2021.
Si su finalidad era Educar, la viabilidad que esperaban era que el producto de su estantería rentara, porque si este no se vende no genera riqueza y los sueños, esfuerzo y constancia de quienes aspiraban a un futuro, siempre estaba en segundo plano.
Los CFT y los IP tampoco lo hicieron muy mal, reconociendo no tener la infraestructura como para poder asegurar calidad práctica apuntaron más abajo y promocionaron carreras a personas aún más desechadas por el sistema transformando ramos que en cualquier universidad podrían dictarse en un semestre en carreras cortas de dos años, incluso a postulantes sin aptitudes que eran prerrequisito del objetivo final. Casos como la carrera de Perito Forense y Perito criminalístico son un ejemplo claro de la oferta que hicieron, dejando abandonado a los estudiantes con expectativas truncadas (dicho sea de paso, hasta hoy no hay ningún personero privado de libertad por estas estafas).
La enumeración de irregularidades a nivel de educación superior es larga, solo cabe mencionar una que a todas luces y a cualquier mirada también es un abuso.
Desde que se desató la pandemia, la mayoría de las universidades han optado por el esquema de la teleeducación a distancia, lo que les ha producido una baja en los costos de utilización de sus infraestructuras que no han sido traspasados a los aranceles. Lo lógico sería que esa economía fuera en beneficio del estudiante quien debería tenerla reflejada en su mensualidad, no obstante a lo anterior, los aranceles este año volvieron a subir, teniendo en cuenta que llevamos un año y tres meses en este esquema.
Como decía Mandela, un país puede tener un arma poderosa como su educación, pero no a estos costos. Poblar el campo ocupacional solo con la finalidad de bajar los precios de los profesionales, descuidando la calidad, es un pésimo instrumento. Colocar la enseñanza como un producto al mejor postor irá en la dirección contraria a lo que nos indica en su frase el exlíder sudafricano, generaremos un arma, sí, pero esa se nos disparara en los pies.
