94% está en desacuerdo con que se entreguen pensiones de gracia a víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos

 37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable en la entrega de las pensiones de gracia otorgadas a personas que tenían condenas por delitos violentos y 51% rechaza la posibilidad un Presidente de la República tenga en cualquier contexto esa atribución.

Por su parte, en la primera semana de febrero, 33% (+1pto) aprueba y 62% (+1pto) desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios significativos.

En otro tema, 95% está de acuerdo con que los parlamentarios se realicen de forma obligatoria el test de drogas en caso de ser sorteados y 91% no cree que debieran tener la posibilidad de negarse a realizar al test. 77% considera que la pena para un parlamentario que consume droga debiese ser la expulsión y el 98% opina que debiese ampliarse a otras autoridades políticas.

Pensiones de gracia

• 80% ha oído hablar sobre las pensiones de gracia y 51% no está de acuerdo con que el Presidente de la República tenga la atribución de entregarlas.

• 88% apoya que personas que se encuentran incapacitadas para ejercer un trabajo remunerado reciban pensiones de gracias, 85% opina lo mismo cuando se trata de personas afectadas por una catástrofe o accidente extraordinario y 54% cuando se trata de personas que hayan prestado un servicio distinguido al país.

• 83% supo o escuchó hablar sobre los errores detectados en la entrega de pensiones de gracia otorgadas a personas víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos.

• 94% rechaza que víctimas del estallido social que tenían condenas por delitos violentos reciban pensiones de gracia y 80% se opone en el caso de una persona que haya sido declarada culpable de una violación pero que perdió un ojo por la acción de carabineros durante el estallido social.

• En el caso de personas que no tengan antecedentes, pero hayan sufrido daños por parte del Estado en el contexto del estallido social, 49% apoya que reciban el beneficio, mientras 46% está en desacuerdo.

• En tanto, 37% cree que el Presidente Boric es el principal responsable de los errores detectados en la entrega de las pensiones de gracia, 20% no ve responsabilidades individuales y lo califica como un problema administrativo y 18% responsabiliza al Instituto Nacional de Derechos Humanos. Test de drogas

• 81% supo o escuchó hablar del del test de drogas que se realiza periódicamente y de forma aleatoria a parlamentarios y 95% está de acuerdo con que se realice de forma obligatoria.

• Además, 91% no cree que los parlamentarios debieran tener la posibilidad de negarse a realizar el test y 98% piensa que incluso debería ampliarse a otras autoridades como el presidente y sus ministros.

• Sobre la pena que debería recibir un parlamentario que consume drogas, 77% cree que debería ser expulsado de su cargo.

• En cuanto a implicancias del consumo de drogas, 73% no cree que una autoridad que consume marihuana pueda cumplir correctamente sus funciones y el porcentaje sube a 97% cuando se trata del consumo de cocaína.

• 66% está en contra de legalizar el consumo de marihuana recreativo para mayores de 18 años. Los únicos segmentos donde quienes están de acuerdo superan a los que se oponen son los jóvenes (54% vs 45%) y las personas que se identifican con la izquierda (62% vs 38%). Evaluación de instituciones

• Bomberos ocupa el primer lugar con 98% de aprobación, seguida por la PDI con 86% (+2pts) y la Fuerza Aérea con 82% (+6pts).

• Más atrás se ubican la Armada (81%, +4pts), Carabineros (79%, -2pts), el Registro Civil (78% +3pts), el Ejército (74%, -2pts), el Servel (68%), el Banco Central (59%, -3pts), el Consejo para la Transparencia (56%, +2pts) y las empresas privadas (51%, +1pto).

• Con menos del 50% de aprobación se encuentran la Tesorería General (49%), la Contraloría (48%), las empresas públicas (48%), los medios de comunicación (48%, +4pts), la CMF (47%, +2pts), el SII (45%, -1pto), las municipalidades (44%, -9pts), los gremios empresariales (44%), las fundaciones y ONGs (40%, -2pts), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (39%), la CUT (36%, +2pts), la Fiscalía (36%, -4pts), el Tribunal Constitucional (35%, +5pts), la Defensoría Penal Pública (35%, -4pts) y la Iglesia Católica (35%, -4pts).

• En los últimos lugares están los Tribunales de Justicia (30%, -2pts), la ANFP (29%, +3pts) y el Congreso (22%).