El delito de robo de cables sigue afectando fuertemente a las instalaciones y clientes de CGE, compañía distribuidora que presta servicio a más de 3,2 millones de clientes, entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía.
Según datos de la distribuidora, entre enero y junio de 2024, se registraron 192 episodios de robo de cables en las instalaciones de la Compañía, tanto en redes de media y baja tensión como en instalaciones de transmisión de energía, totalizando 58.304 metros de cable de cobre (58,3 km) robado, de los cuales, 13 fueron sustraídos en la región del Maule.
En total, esto equivale a más de 9 toneladas de cobre sustraído por bandas delictuales, lo que también provocó que 88.839 clientes vieran interrumpido su suministro eléctrico producto de la acción de estos delincuentes.
Francisco Jaramillo, subdirector de operaciones de CGE, señaló que la acción de estas bandas, que cuentan con material y personal técnico especializado, es una clara señal de su asociación al crimen organizado.
“El robo de cables sigue siendo un problema relevante en la calidad de suministro y hoy, a diferencia de lo que pasaba hace unos años, está fuertemente asociado al crimen organizado. Estas son bandas delictuales que cuentan con modus operandi desarrollados y que se van moviendo entre las regiones, buscando donde pueden cometer estos delitos y causar el mayor daño. Asimismo, cuentan con una organización que también les permite reducir el cable robado, lo que financia otros delitos”.
“El perjuicio que provocan estas bandas delictuales no es solo a la infraestructura, sino también a la calidad y continuidad del servicio eléctrico para miles de clientes a lo largo de la zona de concesión de CGE”, dijo Jaramillo.
En el primer semestre del año, las regiones con más incidencias de este delito fueron la de Arica y Parinacota y Tarapacá, con 51 episodios, seguida por Antofagasta (33); Coquimbo (29); Maule (23); O´Higgins (24); Metropolitana (11); Araucanía (10); Biobío (10) y Atacama (1).
La valorización del cable de cobre robado en el primer semestre supera los 150 millones de pesos, mientras que el costo total de reposición de la infraestructura dañada alcanzó a $842 millones.
En 2023, se registraron 1.223 eventos de robo de cable a lo largo de su zona de concesión, contabilizando 196 kilómetros de líneas robadas (195.870 metros) de conductor eléctrico sustraído desde sus instalaciones, con el consiguiente daño o destrucción de postes, transformadores, cables y otra infraestructura clave para suministrar el servicio eléctrico.