Cuántas viviendas deben construirse en el país para satisfacer la demanda habitacional que se generará al año 2035 y cuál es la capacidad de nuestras ciudades para darles cabida son los principales aspectos que aborda el estudio “Demanda de viviendas en suelo urbano”, elaborado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentado durante la Conferencia Internacional de Ciudad (CIC) 2022.
De acuerdo a los antecedentes dados a conocer por el gremio, el presidente del Comité de Vivienda de la CChC Talca, Fernando Leiva, señaló que “considerando los datos de evolución poblacional y de los distintos tipos de hogares en el período 2011-2017, y proyectándolos al 2035, estimamos que a esa fecha se tendría que construir más de 157 mil viviendas en el Maule para absorber las nuevas demandas y el déficit habitacional acumulado al año 2017”.
Esto significaría aumentar en 44,8% el parque habitacional que existía al 2017 (último año del que se tienen cifras oficiales), para lo cual se tendrían que generar anualmente en torno a las 13 mil viviendas en nuestra región. “Estamos hablando de un desafío mayor”, agregó el representante, ya que, a modo de referencia, en la actualidad, se asignan en promedio cerca de 7. 200 subsidios al año en la zona.
Del estudio también se desprende que en Chile se requerirían alrededor de 2,6 millones de viviendas para suplir el déficit habitacional al 2035 lo que implicaría generar anualmente en torno a las 143 mil viviendas, cifra distante a la realidad actual ya que sólo 111 mil hogares acceden a una vivienda al año en nuestro territorio.
Leiva enfatizó que en el país existe una brecha insostenible entre la demanda y la oferta habitacional e indicó que “en el Maule estamos trabajando firmemente con las autoridades locales en esta materia. Sin embargo, vemos con preocupación que somos la cuarta región con mayores requerimientos de nuevas viviendas al 2035, representando el 6,1% de la demanda de viviendas nuevas a nivel nacional”.
En este contexto agregó que “la proyección del crecimiento de nuestra región nos obliga a trabajar en conjunto con la autoridad para acelerar la incorporación de suelo urbano, a través de la aprobación un número importante de planes reguladores que aún no permiten atender la demanda de vivienda para las familias más vulnerables, sobre todo en comunas donde hace más de 10 años no se construyen viviendas subsidiadas. En esa línea es importante señalar que la incorporación de suelo urbano en estas comunas es fundamental, para evitar así que las familias tengan que desplazarse a centros urbanos mayores, dejando sus fuentes de trabajo, familia o núcleos sociales. También es fundamental que los programas habitacionales se adapten a este desafío, tanto forma como en fondo, tomando en cuenta los plazos involucrados en la aprobación y posterior adjudicación de recursos, cuestión que algunos casos supera el año de trámite, y por otro lado, las actuales condiciones sobre las cuales las constructoras deben trabajar los proyectos subsidiados, dentro de las cuales se encuentran el alza de los precios de materiales, la falta de mano de obra, y la pérdida de la franquicia tributaria, que podría significar que muy pocas empresas puedan participar en la construcción de vivienda social”.
