A pesar de la pavorosa desigualdad social que existe en Chile, las autoridades debieran dedicar un esfuerzo más efectivo en superar los altos índices de pobreza y ponerle freno a la extrema riqueza. Según un reciente reportaje de la BBC en nuestro país el 1 por ciento más rico controla el 49.6 por ciento de la riqueza, un porcentaje mayor del que presentan países como Brasil o México y, por cierto, muy por encima de lo que acontece dentro de la OCDE a la cual pertenecemos. Los sectores más ricos del país operan en la minería, el retail, las finanzas y la industria forestal. De esta forma tenemos grupos económicos como el de Iris Fontana y la familia Luksic a los que se les calcula más de 23 mil 300 millones de dólares y en el Parlamento hay quienes se muestran renuentes a legislar para que los ultras ricos paguen un impuesto que represente apenas el uno o dos por ciento de su capital.
En contraste con lo anterior, la Fundación Techo acaba de advertir que tenemos unas 81 mil familias que viven en campamentos, en viviendas ultra precarias, sin servicios fundamentales y, por supuesto, sin acceso a la propiedad de sus sitios y viviendas. En el que se supone el puerto principal de salida de nuestras exportaciones, en sus cerros habitan informalmente más de 400 mil personas, una cifra bastante superior a la población de varias de nuestras principales ciudades. Aunque las estadísticas suelen ser manipuladas caprichosamente, el ingreso laboral promedio de los trabajadores chilenos es de 881 mil pesos mensuales, pero en realidad más de la mitad de los asalariados percibe menos de 350 mil pesos, según las propias cifras oficiales. Expertos de la Cepal indican, además, que con la epidemia del Coronavirus se incrementó en un 14.2 por ciento el número de pobres, llegando a un 4.5 por ciento, más de 890 mil personas, el número de los indigentes sumidos en la extrema precariedad. Podemos agregar, también, que en los dos últimos años las listas de espera para las cirugías crecieron un 11 por ciento, con lo cual el tiempo de espera para intervenirse en los hospitales aumentó a 246 días.
Estos indicadores de entienden mejor con el dato de que la canasta básica familiar ha elevado su valor hasta los 56 mil pesos, cifra que se incrementa constantemente ahora desde que nos golpea fuerte el fenómeno de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda. Es fácil concluir con esta realidad la forma en que se ha multiplicado la delincuencia y la acción del narcotráfico, cuyas criminales acciones tienen en jaque a las policías y a las propias Fuerzas Armadas a las cuales el gobierno de Gabriel Boric le ha encargado poner orden en la macro zona sur del país, con resultados poco convincentes respecto de la escalada de la violencia producto de las legítimas e históricas demandas mapuches, los abusos de las empresas forestales y, por supuesto, la pobreza en una de las regiones más críticas del país.
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Ya se sabe que en septiembre próximo los ciudadanos chilenos van a enfrentar un plebiscito para aprobar o rechazar la Constitución propuesta por la Convención Constituyente, sin que a ciencia cierta se conozca el resultado del proceso. Sin embargo, más allá de lo que proponga este proyecto de Carta Magna se teme más bien que los votantes expresen su conformidad o descontento con la gestión el nuevo Gobierno que apenas completa dos meses de ejercicio. No se puede desconocer que en esta realidad socioeconómica la preocupación del electorado se interesa preferentemente por la resolución de sus problemas propios de su dura cotidianeidad y que el objetivo de nueva Constitución, por cierto, muy importante, poco les importa a los millones de chilenos que deben por obligación concurrir a las urnas. Es difícil que el pueblo asocie a la aprobación de una nueva Carta Magna con la oportunidad de que el país se encamine al término de las desigualdades tan flagrantes y que, por cierto, amenazan con un nuevo estallido social. Sería largo de constatar la crisis producto de la aguda falta de viviendas y la precariedad manifiesta del sistema educacional público en comparación a la educación pagada.
La misma Reforma Tributaria ya se ve que resultará mucho más discreta de lo que los chilenos esperan y que la llamada carga impositiva seguirá recayendo, como el IVA, en los más pobres y la clase media, mientras hay políticos que se desgañitan porque se mantengan los privilegios de los inversionistas nacionales y extranjeros. El viaje del ministro de Hacienda y varios empresarios a Estados Unidos sin duda tiene como principal propósito estimular las inversiones en nuestro país y “tranquilizar a los mercados”, como se repite con insistencia.
El conocimiento a través de la prensa de los ingresos que perciben todavía los ministros de estado y los parlamentarios ha causado una nacional indignación. Los cuatro presidentes de la república que sucedieron a Pinochet tienen sueldos de por vida por sobre los 15 millones de pesos al mes. Mientras que los legisladores, o los pretendidos representantes del pueblo, perciben por sobre los nueve millones mensuales. Esto es, el equivalente a 33 sueldos mínimos; mientras en Suecia, Nueva Zelanda, Francia, España y tantos otros países la diferencia no es de más de tres o cinco veces.
Se reconoce que la economía chilena ha alcanzado niveles de crecimiento que se han sostenido por más de dos décadas, así como ahora se asegura que las exportaciones de cobre seguirán siendo muy promisorias, así como las promesas que ofrecen la explotación del litio, los rendimientos de la agroindustria y otros emprendimientos. De hecho, el país pudo soportar con más éxito que otros los enormes costos de la pandemia. Con todo, sin embargo, la brecha entre los más ricos y la inmensa mayoría de la población no ha disminuido en lo más mínimo y como ahora se reconoce el número de pobres aumenta. Así como lo hace la riqueza de un puñado de chilenos.
Sin duda que en nuestra democracia prevalecen muchas inequidades e iniquidades. Y eso que ahora tenemos un gobierno que se proclama de izquierda dentro y fuera del país.
